"Hay una clara intención de desguazar la Andis y sin duda debemos rebelarnos"

El Concejo Deliberante de la Capital aprobó un proyecto de declaración de la concejala Gabriela Ortiz (Frente Cívico) que manifiesta "su enérgico rechazo y repudio a los despidos realizados en perjuicio del personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la ciudad Capital, haciendo extensiva nuestra solidaridad a todas las trabajadoras de esta Agencia que han sido desvinculadas en la provincia".

En los considerandos de la declaración, Ortiz advirtió que los despidos "afectan sensiblemente la capacidad operativa de la oficina que a diario evacuaba diversas consultas sobre Pensiones No Contributivas por Invalidez" (PNCI), y que atendía no solo a vecinos de la Capital, sino del interior.

Además, indicó que fueron cerradas las oficinas de Monte Quemado, La Banda y Añatuya tras el despido del personal que allí se desempeñaba. Con relación a esto, se agregó que las PNCI es una prestación otorgada a aquellas "personas imposibilitadas en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social".

Asimismo, señaló que para el otorgamiento de esas pensiones se requiere acreditar el Certificado Médico Oficial (CMO), suscripto por profesional médicos de establecimiento sanitario oficial o de la Andis y con evaluación socio-económica de personal de esta Agencia. Es por eso que se alertó el grave perjuicio que ocasiona a este sector vulnerable de la sociedad el cierre de estas oficinas nacionales.

También se cuestionó la manera informal de comunicar los despidos, a través de un correo electrónico.

El cuerpo también aprobó otro proyecto de declaración donde manifiesta "su enérgico rechazo y repudio a los despidos realizados en perjuicio del personal del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, (Plan Enia), dependiente de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación".

En diálogo con EL LIBERAL, Gabriela Ortiz denunció que desde el Gobierno nacional "hay una clara Intención de desguazar un organismo público tan importante y con un rol tan preponderante en la vida de las personas".

A la vez que subrayó que "estas acciones no se corresponden con la lógica, ni la razón, sino con el tropello y la intención constante de cercenar derechos y limitar derechos y ante eso sin duda debemos rebelarnos. Estamos hablando de sectores muy desprotegidos", se indignó.

Explicó que "a la vulnerabilidad ocasionada por las limitaciones de tipo económicas se suma lo que representa padecer una incapacidad que te impide la inclusión plena en la vida social, así que es una situación extrema. Hoy mismo ya recibimos muchas consultas de beneficiarios que no tienen a dónde acudir".

Señaló que "contar con dos operadoras en una ciudad tan grande y no teniendo atención en el interior con tanta población es una insensatez. No están pudiendo realizar las tareas que estaban habituadas por carecer de recursos de carácter operativo como es un lugar adecuado donde cumplir la función o la conectividad necesaria para poder evacuar las consultas. Atraviesan una situación muy irregular que deja con niveles de desprotección enorme a toda esta comunidad en toda la provincia".