La iniciativa reabre el debate sobre la responsabilidad individual en actividades de riesgo y los límites de la cobertura estatal en estos casos.
Mendoza propone cobrar rescates en la montaña Mendoza propone cobrar rescates en la montaña
Salir a la montaña sin avisar, sin equipo adecuado o sin respetar protocolos podría tener consecuencias económicas además de riesgosas en Mendoza. El gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley que habilita al Estado provincial a cobrar un canon por operativos de rescate en Alta Montaña y zonas agrestes cuando se compruebe negligencia por parte de la persona auxiliada.
La medida apunta a regular una situación cada vez más frecuente: rescates costosos financiados con recursos públicos por imprudencias evitables. La iniciativa reabre el debate sobre la responsabilidad individual en actividades de riesgo y los límites de la cobertura estatal en estos casos.
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¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa plantea modificar la Ley de la Policía Provincial (N.º 6722) para que el Ministerio de Seguridad y Justicia pueda aplicar un canon solo en casos excepcionales. No se cobrará de forma automática: cada intervención será evaluada individualmente, y solo se aplicará el cobro cuando se acredite que el rescatado incumplió normas, desoyó alertas, no registró su itinerario o actuó con imprudencia.
Desde la cartera que dirige Mercedes Rus, aclararon que no se cobrará el costo real del operativo, que puede incluir helicópteros, drones y personal especializado, sino un monto simbólico pero representativo, definido anualmente en la Ley Impositiva provincial.
El dinero recaudado será destinado íntegramente al Ministerio de Seguridad, con al menos el 50% dirigido a la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM).
"Esto no es un seguro obligatorio ni un arancel por perderse, sino una herramienta legal para casos de infracción grave que obligan al Estado a usar recursos extraordinarios", explicó la ministra Rus al diario Página/12.
Sin embargo, algunos referentes del montañismo expresaron reservas sobre cómo se determinará la negligencia. El guía profesional Juan Pablo Sarjanovich advirtió: "¿Quién decide qué es negligencia y qué no? Es muy subjetivo. Tendría que haber un panel de expertos que evalúe cada caso. Si no, cualquier persona podría verse en la obligación de litigar".
Pese a sus reparos, Sarjanovich consideró razonable el cobro en casos de imprudencia, siempre que exista un seguro de montaña obligatorio, como ocurre en otros países. "El que entra con seguro, luego lo activa si hay un rescate. Subir a la montaña implica riesgos, y si no se los asume, se debe contratar un guía. Si alguien sube solo y después hay que movilizar a todo un equipo, es justo que pague".
También propuso que el Parque Aconcagua exija el seguro a todos los visitantes y que la medida se extienda a otras zonas del país. "Hay un sector que puede pagar esto. En lugares como Córdoba o San Juan, los clubes de montaña ya lo incluyen en la cuota. Si todos los rescates se cobran y hay un seguro obligatorio, Aconcagua podría tener más recursos, helicópteros y personal mejor pago. Hace mucha falta", subrayó.
Desde sectores vinculados al derecho y al turismo de aventura, también alertaron sobre la necesidad de definir claramente qué se considerará negligencia, para evitar arbitrariedades. Además, insisten en que debe promoverse la prevención y el uso voluntario de seguros, en lugar de avanzar con sanciones económicas como primera medida.
El caso que reavivó la discusión
El debate se reactivó tras el reciente caso de un andinista extraviado durante siete días, quien no había informado su itinerario. El operativo de búsqueda implicó el uso de helicópteros, drones y personal especializado, con un costo millonario para el Estado.
Actualmente, solo el Parque Provincial Aconcagua tiene una regulación clara que exige seguro y pago de derechos de rescate. Sin embargo, muchas otras áreas de montaña de Mendoza —también muy concurridas por turistas y locales— carecen de normativas específicas.
Con este proyecto, el gobierno busca cubrir ese vacío legal y desalentar conductas temerarias. Una medida que podría, incluso, replicarse en otras provincias con alta actividad de montaña.
