Conflicto en La Salada: el Gobierno hizo una propuesta para destrabar la tensión con los puesteros

En medio de un creciente conflicto social y comercial, el Gobierno nacional avanza con una propuesta para intentar destrabar la tensión en torno a la clausura de La Salada, uno de los centros de venta informal más grandes del país. La gestión de Javier Milei evalúa una alternativa que incluye la reubicación de los puesteros en otras zonas del conurbano, pero manteniendo cerradas las instalaciones del predio original, tras la orden judicial de clausura y la detención de Jorge Castillo, conocido como "el Rey de La Salada".

La decisión de cerrar la feria se sustenta en una investigación judicial por lavado de dinero y comercialización de mercadería falsificada. La causa, impulsada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, pone bajo la lupa una red de ventas ilegales de grandes dimensiones, señalada incluso por organismos internacionales como la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, que exige combatir la piratería como condición para futuros acuerdos.

Sin embargo, más allá del delito económico, el conflicto expuso un profundo drama social: miles de familias dependían directamente de la actividad en La Salada. Tras la clausura, muchas de ellas quedaron sin ingresos de un día para el otro. A diferencia de las estructuras mafiosas detrás del comercio ilegal, la mayoría de los puesteros son trabajadores informales que subsisten con lo justo. Ayer, la tensión se tradujo en un corte total en Puente La Noria y este martes, en una marcha a la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Para evitar una escalada del conflicto, Nación y Provincia conformarán una mesa de trabajo conjunta que evalúe alternativas para reubicar los puestos en zonas controladas del municipio o en localidades vecinas. El objetivo inmediato es brindar una salida laboral sin necesidad de implementar subsidios masivos, y a la vez, garantizar que el nuevo esquema no reproduzca las condiciones que llevaron al colapso del modelo anterior.

La preocupación del Gobierno también pasa por el frente de seguridad. Este miércoles se espera una movilización de jubilados frente al Congreso, que podría sumarse al reclamo de los feriantes, configurando un escenario de alta tensión. Con la Cámara baja debatiendo proyectos sensibles sobre haberes previsionales, la posibilidad de que el conflicto de La Salada se traslade a la protesta amplifica la presión sobre el Ejecutivo, que ya prepara un fuerte operativo en la zona.