Filtraciones en el juicio por YPF: la Procuración del Tesoro confirmó que despidió a más de 60 funcionarios

Luego de que el Gobierno advirtiera sobre posibles filtraciones de información confidencial en la causa por la expropiación de YPF, la Procuración del Tesoro anunció una "profunda reestructuración" interna. Según comunicaron oficialmente, la medida busca optimizar el funcionamiento operativo del organismo y colaborar con la reducción del gasto público, en línea con lo establecido por la Ley de Bases.

El comunicado señala que la reestructuración incluye más de 60 desvinculaciones de personal, una reducción significativa de áreas técnicas y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyas funciones serán absorbidas por un nuevo centro con menos de un tercio del personal original. También se pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, se eliminarán unidades jerárquicas, se reorganizarán funciones superpuestas y se reasignarán competencias estratégicas.

Desde la llegada de las nuevas autoridades en febrero de este año, el organismo ya había reducido su plantilla en más de un 20%. Además, destacaron que se achicaron comitivas y gastos vinculados a viajes oficiales, en el marco de una nueva política de ahorro y reasignación de recursos.

"La Procuración del Tesoro reafirma así su compromiso con una defensa eficaz del Estado, acompañando el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos", afirmaron desde el organismo. Y añadieron: "Reducir el gasto público y colaborar con el equilibrio fiscal es un objetivo compartido por todas las áreas del Gobierno y una prioridad de esta administración".

Sospechas de filtración en el caso YPF

Horas antes del anuncio oficial, fuentes del Gobierno habían señalado que existen pruebas que vinculan a empleados de la Procuración con la supuesta venta de información confidencial a fondos extranjeros que litigan contra el Estado argentino por la expropiación de YPF. En Balcarce 50 no descartan denunciar penalmente a los trabajadores implicados por daños al Estado.

"El delito es grave porque implica un perjuicio directo contra los intereses del Estado argentino", señalaron desde el Ejecutivo. Las sospechas recaen sobre áreas con acceso a expedientes judiciales clave, especialmente vinculados a las apelaciones que se tramitan ante tribunales de los Estados Unidos. "Tuvimos una serie de casos que nos llevaron a actuar", indicaron fuentes oficiales.