En el Ejecutivo evalúan tomar la misma decisión que con la Emergencia en Discapacidad: promulgar las normas, pero sin asignarles los fondos.
El Gobierno estudia suspender leyes tras rechazo a los vetos El Gobierno estudia suspender leyes tras rechazo a los vetos
El Gobierno analiza suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica luego de que el Congreso rechazara los vetos presentados por Javier Milei. Se trata del mismo esquema utilizado con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada mediante un decreto, pero cuya ejecución de fondos se mantuvo en suspensión.
Desde la Casa Rosada evalúan las implicancias presupuestarias de ambas normas, con especial atención sobre los recursos destinados a las universidades. En el caso del Hospital Garrahan, los funcionarios consideran que el incremento de asignaciones tiene un impacto limitado en las cuentas: se contemplan $133.433 millones, distribuidos en $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para personal de salud asistencial y $37.595 millones para personal no asistencial.
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Según un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el aumento de fondos universitarios impacta en las cuentas del año en curso por $1.959.974 millones, equivalentes al 0,23% del PIB. El documento prevé una actualización de gastos de funcionamiento del 32% y un incremento del 40% para salarios, además de la actualización de becas.
Los equipos técnicos de Nación aseguran que se aplicará o suspenderá la totalidad de ambas leyes, descartando interpretaciones parciales para evitar conflictos legales. El oficialismo planea dilatar la decisión hasta el límite jurídico de diez días hábiles tras la notificación de sanción por parte del Congreso. "La decisión la tomará el Presidente", indicaron desde Balcarce 50.
Existen diferencias internas sobre la estrategia respecto a estas normas. Mientras un sector busca bajar las tensiones con el Parlamento, otro expresa preocupación por posibles críticas al precedente generado con la Ley de Discapacidad. "No podemos retroceder porque sería pronunciarnos en contra de lo que ya hicimos", señalaron fuentes oficiales.
En la Casa Rosada argumentan el "impacto fiscal" de las leyes y recurren al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".
La estrategia del Gobierno está siendo delineada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus equipos de abogados administrativos. La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, también mantiene contactos con la mesa judicial.
Según menciona el portal TN, el Ejecutivo busca ganar tiempo para postergar la erogación de fondos hasta la ejecución del Presupuesto 2026, que deberá ser aprobado por el Congreso. Un sector menos dialoguista apuesta a que las demandas judiciales por la suspensión de fondos sean iniciadas por particulares, de modo de atomizar los procesos. "Lo que nos interesa es ganar tiempo y mantener el equilibrio en las cuentas", agregaron.
