El Gobierno mantiene congeladas las prestaciones por discapacidad y busca anular la ley que amplía los fondos del área

El Gobierno nacional decidió frenar el aumento de las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras define una estrategia judicial para impugnar la ley que incrementa los fondos destinados al área. La medida llega luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial y a la espera de que el Senado lo convalide en las próximas semanas.

En la Casa Rosada confirmaron que los equipos técnicos trabajan en un plan legal para evitar aplicar la erogación presupuestaria que establece la norma. Según argumentan, el objetivo es "no realizar un doble aumento" en caso de que la Justicia ordene ejecutar lo dispuesto por ambas cámaras del Congreso.

Desde el entorno presidencial reconocen que el anuncio del vocero Manuel Adorni sobre un posible aumento de las prestaciones fue impulsado por pedido de diputados aliados que habían votado a favor del veto. "No sirvió y por ahora no se va a hacer", admiten en Balcarce 50.

Adorni había señalado además que el eventual incremento se financiaría mediante el recorte de pensiones por invalidez "mal otorgadas", un proceso que todavía no concluyó. El Ministerio de Salud inició a comienzos de año una auditoría sobre el total de un millón de pensiones, aunque hasta el momento solo se notificó a 280.000 beneficiarios.

La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, encabeza el diseño del enfoque jurídico junto con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de la Procuración del Tesoro. La primera definición política es que el Ejecutivo no promulgará la ley si la Cámara Alta finalmente rechaza el veto.

Entre las opciones que evalúa el Gobierno se encuentra recurrir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad de la sesión en el Senado, bajo el argumento de que la autoconvocatoria fue irregular y, por lo tanto, los actos aprobados carecen de validez. Para ello, planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta.

Otra alternativa en estudio es acudir al fuero Contencioso Administrativo alegando el impacto fiscal de la medida. El Ejecutivo ya incluyó ese argumento en los considerandos del veto, al sostener que las fuentes de financiamiento previstas por la ley solo cubren el 15% de los fondos necesarios para su implementación, en contraposición a lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera del Sector Público.

Mientras tanto, la Casa Rosada atraviesa un clima interno tenso tras la filtración de audios del exdirector de la ANDIS, en los que denuncia presuntos pedidos de coimas. Por esa razón, el oficialismo concentra sus esfuerzos en resolver la crisis institucional y mantener el control del organismo, actualmente bajo auditoría e intervención, detalla el portal de Todo Noticias.