Agustín Paz, entre la preventiva, o una junta psiquiátrica y/o domiciliaria

La fiscal Celia Mussi solicitará hoy prisión preventiva para un comerciante, sospechoso de diversas estafas, y, por el contrario, la defensa instará a la inmediata internación y/o junta médica psiquiátrica al sostener que padecería graves problemas mentales autodestructivos.

Se trata de Agustín Paz, detenido el mes pasado, a quien la Fiscalía le enrostra "estafas con la venta de vehículos". Según se desprende de cuatro legajos, los reproches constan de maniobras defraudatorias en más de $ 5 millones. Casi todos los denunciantes residen en nuestra provincia, pero también habría de geografías vecinas.

Para la fiscal, los documentos refrendados por Paz y los demandantes eran claros: una transacción de vehículos a cambio de dinero. En la práctica, enrostrarán al imputado haber recurrido al ardid de la estafa y agobiado con literal "agua hasta el cuello", firmó documentos, reconoció las deudas y ofreció amortizarlas en cuotas que nunca cumplió.

Aludiría a casos en que Paz habría refrendado cheques. Y al presentarse para cobro, las contrapartes han sido informadas que las órdenes bancarias carecían de fondos.

La batalla se librará hoy en audiencia, presidida por el juez de Control y Garantías con competencia juvenil, Gastón Merino (foto).

El contragolpe

Enfrente, la defensa será ejercida por Martín Rojas Verón y Martina Magnone. Éstos se opondrían a la acumulación de legajos, máxime en el fuero Penal, por entender que se trataría de procesos netamente civiles.

Descartarían cualquier conducta dolosa en Paz y sostendrían que el incumplimiento de los compromisos quizás fue resultante de negocios que salieron mal, devaluándolo en su patrimonio al extremo de lucir hoy falto de liquidez.

Prima facie, lo sustancioso de la defensa se focalizaría en la salud mental de Paz, de acuerdo con los escritos interpuestos en estas cuatro semanas de instrucción.

Rojas Verón y Magnone requerirían una junta psiquiátrica para Paz, al juzgar que su conducta no destilaría delito, sino más bien un evidente trastorno mezcla de depresión y sentimiento de autodestrucción.

Es más, los letrados arriesgarían en que las estafas enrostradas en Paz, no harían más que delatar un irrefrenable impulso, demandante de urgente "parate" psiquiátrico.

Finalmente, instarían al arresto domiciliario e internación, continuidad de una seguidilla de asistencias médicas iniciadas en el 2009, Salta; 2011, Buenos Aires y 2019, Santiago del Estero.