Reforma laboral: el Gobierno analiza convocar a la CGT para negociar antes de enviar el proyecto al Congreso

El Gobierno planea convocar a la nueva cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar antes de presentar la reforma laboral en el Congreso. El Ejecutivo busca acercar posiciones con la central sindical en la previa del tratamiento del proyecto, que el oficialismo quiere ingresar primero por el Senado.

Es por eso que la Casa Rosada tiene en la mira un encuentro con Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) en el corto plazo. En Balcarce 50 reconocen que no buscarán centralizar las negociaciones en el Consejo de Mayo, que no volvió a reunirse tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.

En la mesa política de Nación aseguran que apuntarán a reunirse con cada sector por separado para avanzar con las reformas. Es por eso que el nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, coordinan encuentros con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo para sumar adhesiones en el Congreso. Lo mismo aplica para el sector empresarial.

Según trascendió, el proyecto del oficialismo contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir los costos de contratación, los impuestos laborales y la participación estatal en los acuerdos entre privados. Busca fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones.

Lo mismo aplica para la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos y la profundización de las limitaciones al derecho a huelga a través de la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.

Es una de las concesiones que realizó el Ejecutivo en septiembre de 2024 con la CGT: definió no reglamentar el artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Dispone que "podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento".

La Casa Rosada ya impulsó el año pasado la eliminación de multas al trabajo mal registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses junto con la creación del fondo de cese laboral optativo. En Balcarce 50 mantienen la postura además de no homologar paritarias por arriba de la inflación más allá de las tensiones con los sindicatos.

Los encargados de llevar los cambios en el régimen del trabajo son los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía) junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En Nación aseguran que ya hubo contactos con la nueva cúpula de la CGT para negociar los puntos de la reforma laboral.