Engaño y usurpación: pastores le quitaron la casa a una jubilada

Una pareja de pastores evangelistas está siendo investigada por la Justicia de Tucumán, acusada de manipular a una jubilada de 85 años para apropiarse de su vivienda en Bella Vista, a 30 kilómetros de la capital provincial. Ambos enfrentan cargos por usurpación por engaño, circunvención de incapaz y privación ilegítima de la libertad.

Según informó La Gaceta, los imputados conocían a la víctima desde 2023. El engaño comenzó este año, cuando la mujer, alterada por ruidos extraños dentro de su casa y convencida de que tenían un origen sobrenatural, recurrió a la pareja en busca de "ayuda espiritual".

Poco después, la sobrina de la víctima realizó una denuncia ante la Justicia tras recibir el alerta de vecinos que habían visto a personas desconocidas retirar pertenencias de la vivienda. Al intervenir, descubrió que la anciana ya había sido despojada de su propiedad.

De acuerdo con la investigación, en junio, tras una reunión religiosa, los pastores llevaron a la jubilada ante un supuesto policía que la hizo firmar un boleto de compraventa por apenas $1.000.000. De esa suma, la mujer recibió solo $15.000. Con ese documento, los acusados avanzaron en la apropiación del inmueble: la expulsaron, introdujeron sus propios muebles, cambiaron la titularidad de servicios e iniciaron remodelaciones.

La situación se volvió aún más grave cuando, luego de desalojarla, trasladaron a la víctima a la casa de la madre de la imputada y la mantuvieron encerrada en una habitación bajo llave. Le retuvieron su DNI, su tarjeta de débito y controlaron el cobro de su jubilación. Este cautiverio se prolongó hasta el 28 de julio.

Según el MPF, la pareja también ejerció presión psicológica sobre la anciana, asegurándole que, si no entregaba su vivienda, quedaría sola y sin dónde vivir. Un informe médico incorporado a la causa señala que la mujer presenta "un perfil de vulnerabilidad que la hace influenciable y manipulable por terceros" y que existía una "relación de superioridad ejercida por los acusados", quienes aprovecharon la confianza depositada en ellos.

Tras reunir pruebas, la fiscalía imputó a la pareja —una docente y un empleado de una empresa privada—, ambos de 34 años. No se descarta que una tercera persona, cuya identidad no se reveló, también sea acusada.

Aunque el MPF solicitó tres meses de prisión preventiva, el juez dictó 20 días de arresto domiciliario para la mujer imputada por tener a cargo un hijo menor con discapacidad. Además, ordenó la restitución provisoria de la vivienda ubicada en Manuela Pedraza al 700, que deberá concretarse dentro de los próximos cinco días. Si los acusados no cumplen, desde el 2 de diciembre podría intervenir la fuerza pública.

En la actualidad, la víctima —propietaria legítima de la casa— vive en condiciones precarias junto a una sobrina, con recursos insuficientes para alquilar o adquirir otra vivienda.

El caso está a cargo de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo las instrucciones del fiscal Diego López Ávila.