La decisión judicial representa un paso clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y marca un precedente frente a medidas administrativas que impactan de manera directa en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Restituyen pensiones por discapacidad dadas de baja y ANSES deberá pagar retroactivos Restituyen pensiones por discapacidad dadas de baja y ANSES deberá pagar retroactivos
En los primeros días de diciembre, la ANSES, junto a la ANDIS, deberá restituir y abonar los pagos correspondientes a las pensiones por discapacidad que fueron suspendidas, incluyendo los montos retroactivos, tras un fallo ejemplar de la Justicia Federal.
La confirmación se dio en el marco de una conferencia de prensa encabezada por los defensores del Pueblo de Santiago del Estero y Catamarca, Daniel Escobar Correa y Dalmacio Enrique Mera, respectivamente, quienes analizaron la situación generada por la baja masiva de beneficios dispuesta por ANDIS.
También te puede interesar:
Durante el encuentro, se destacó el reciente fallo del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, que resolvió la cuestión de fondo y ordenó la restitución inmediata de todas las pensiones suspendidas a nivel nacional, con el correspondiente pago de los retroactivos adeudados.
Cuándo se cobra
Según lo informado por ambas Defensorías del Pueblo, los pagos deberían hacerse efectivos en los primeros días de diciembre, mes que corresponde a la liquidación natural del beneficio. No obstante, advirtieron que, en caso de incumplimiento, se impulsarán nuevas acciones judiciales para garantizar el derecho de los beneficiarios.
Un fallo contundente
La resolución judicial calificó como "grave" la falta de un procedimiento legal adecuado en las bajas masivas y remarcó que la medida afectó a personas en situación de extrema vulnerabilidad, vulnerando derechos fundamentales protegidos por la normativa vigente.
Además del tema pensiones, los defensores abordaron problemáticas regionales como las tarifas de energía y el estado crítico de las rutas nacionales, coincidiendo en la necesidad de un abordaje conjunto entre provincias del norte argentino.
La decisión judicial representa un paso clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y marca un precedente frente a medidas administrativas que impactan de manera directa en los sectores más vulnerables de la sociedad.
