La transferencia fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 4 con el objetivo de cubrir el decomiso de 60 millones de dólares dictado en la condena.
Ruta del dinero K: La CSJ recibió fondos decomisados a Lázaro Báez por la subasta de aviones y cuentas Ruta del dinero K: La CSJ recibió fondos decomisados a Lázaro Báez por la subasta de aviones y cuentas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió una transferencia de 238.720 dólares y más de 4 millones de pesos provenientes del decomiso de bienes del empresario Lázaro Báez. Estos fondos, que incluyen dinero incautado de diversas cuentas bancarias y el remanente de la subasta de dos aeronaves, fueron remitidos por el Tribunal Oral Federal 4. La medida se enmarca en la ejecución de la sentencia por la causa "Ruta del dinero K", donde la Justicia busca cubrir un embargo total superior a los 60 millones de dólares.
A principio de este mes, la Corte comenzó el operativo para devolver al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre del empresario condenado, informó el sitio Todo Noticias.
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Para ello, ordenó que se proceda a "su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, y 522 del Código Procesal Penal de la Nación".
De acuerdo con la condena emitida en abril de 2021 por el TOF 4, los montos decomisados ascienden a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en varias partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A esto se suman montos en pesos argentinos por alrededor de 4,17 millones, ajustados por inflación según el índice del INDEC.
El fallo original establecía que, una vez firme, se procedería a ejecutar los decomisos sobre todos los bienes embargados. Esta decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y, finalmente, por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos interpuestos por los condenados.
Desde que se conoció la sentencia el proceso de decomiso presentó controversias cuando el Gobierno nacional emitió el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo el ala del Ministerio de Justicia, con el fin de supervisar estos activos.
Esto generó tensiones, ya que la Corte había establecido previamente que corresponde a los jueces penales manejar estos procedimientos para garantizar la independencia judicial.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó entonces una demanda argumentando una intromisión en las competencias del Poder Judicial.
En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials concedió una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto, al considerar que este altera el sistema de gestión de bienes ilícitos de manera inconstitucional, afectando la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria.
