La causa se encuentra radicada en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se evalúan las posibles responsabilidades penales derivadas de las maniobras denunciadas.
Podría haber una nueva denuncia contra la AFA si no entrega los balances exigidos Podría haber una nueva denuncia contra la AFA si no entrega los balances exigidos
El Gobierno nacional profundizó su avanzada administrativa sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e intimó a la entidad a presentar copias certificadas de las actas del Consejo Directivo y de las distintas asambleas realizadas en los últimos años. El requerimiento oficial también alcanza a toda la documentación vinculada con la creación, organización y funcionamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA).
Según se informó, el pedido incluye los estatutos constitutivos de la institución educativa, las autorizaciones y habilitaciones otorgadas por los organismos estatales correspondientes para su funcionamiento, así como los convenios suscriptos con universidades públicas y privadas. Además, se exigió la presentación de los comprobantes que acrediten la adquisición del inmueble donde actualmente funciona la sede de la universidad.
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Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo de la medida es contar con información completa y respaldatoria sobre el funcionamiento institucional y administrativo de la AFA y de la universidad creada bajo su órbita, en el marco de una revisión integral de su estructura y de sus actividades.
Esta ofensiva administrativa se suma a las denuncias penales que el Gobierno ya impulsa contra la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado amplió una causa judicial por presuntas irregularidades vinculadas a la retención indebida de tributos y aportes al sistema de la Seguridad Social.
De acuerdo a lo que trascendió, el monto total bajo investigación supera los 19.300 millones de pesos, cifra que surge del análisis de distintos períodos fiscales y conceptos impositivos. La causa se encuentra radicada en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se evalúan las posibles responsabilidades penales derivadas de las maniobras denunciadas.
En el Gobierno sostienen que estas acciones forman parte de una política de control y fiscalización más estricta sobre las entidades que administran recursos de magnitud y que mantienen vínculos con el Estado, mientras que desde la AFA aún no se conoció una respuesta oficial frente a los nuevos requerimientos, detalla el portal de Todo Noticias.
