La acusada, a través de un grupo de whastapp, les manifestaba que tenía certificados médicos firmados por obstetras listo para ser presentados para acceder a la asignación universal por embarazo
Gestora ofrecía certificados de embarazo por $50 mil para el Anses Gestora ofrecía certificados de embarazo por $50 mil para el Anses
A raíz de un hallazgo de Ciberseguirdad, a través de un "patrullaje" informático, la policía descubrió que a través de un grupo de whastapp, qué supuesta gestora ofrecía gestionar subsidios por embarazos, incluso a mujeres sin ser gestante.
La causa, que está a cargo de la fiscal Erika Leguizamón, es investigada a través del Departamento Delitos Económicos, luego de que se descubriera la presunta maniobra fraudulenta difundida en un grupo llamado "Laprida".
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Según informaron a EL LIBERAL fuentes cercanas a la investigación judicial, la maniobra —que se encuentra en plena etapa de investigación— consiste en que una mujer (que aparentemente sería gestora de diversos trámites) estaría ofreciendo realizar trámites en ANSES para obtener un subsidio de la Nación que beneficia a mujeres que se encuentran embarazadas.
Hasta allí todo estaba bien puesto que un gestor tiene esa actividad. La irregularidad surgió cuando la gestora indicaba —todo a través de la mencionada aplicación— que ella podía "agilizar" los trámites ya que ella conseguía certificados obstétricos y que las beneficiarias podrían ser mujeres que incluso no se encontraran gestando un embarazo.
Como parte de la maniobra, la persona investigada estaría utilizando números de teléfono para contactar y captar a posibles interesadas.
Además, se supo que la supuesta operatoria, entre los ardides utilizados, solicita inicialmente el pago de $50.000 a cambio de toda la documentación que se necesita para acceder a este tipo de beneficios.
La acusada ofrecía un formulario falso, presuntamente firmado por una obstetra; sobre este punto se investiga si existe alguna profesional involucrada o si se trata de sellos robados, ya que la acusada sostiene en su discurso que todos los papeleas están firmados y sellados.
Luego, una vez que las beneficiarias comienzan a percibir el dinero del Estado, la mujer exige una suma adicional de $100.000 como parte del acuerdo ilegal.
La causa se encuentra en conocimiento de la Fiscalía de turno, que dispuso diversas tareas de investigación de campo con el objetivo de identificar plenamente a la responsable y establecer el alcance real de la presunta estafa.
