La reforma educativa y el riesgo de una mayor desigualdad

La nueva ley de Educación Nacional que pretende imponer el Gobierno busca reemplazar la actual N° 26.206 de 2006, con un enfoque en la "libertad educativa", priorizando el rol de las familias y la autonomía de las escuelas. Entre los cambios clave: formalizar la educación en el hogar (homeschooling), mayor flexibilidad curricular para las escuelas (con contenidos mínimos nacionales, pero espacio para personalización), un examen nacional voluntario al final de la secundaria (ENES), cambios en el financiamiento (eliminando el objetivo del 6% del PBI y promoviendo subsidios por demanda, como vouchers), y evaluaciones periódicas para docentes y directores. También incluye modalidades virtuales o híbridas, incluso con instituciones extranjeras, y declara la educación como servicio esencial para evitar interrupciones prolongadas.

En general, veo esta propuesta como un intento audaz de sacudir un sistema educativo que, en Argentina, ha mostrado signos de estancamiento: bajos rendimientos en pruebas internacionales como PISA, altas tasas de deserción y rigidez burocrática que no siempre responde a las necesidades locales.

Me gusta el énfasis en la libertad y la innovación –por ejemplo, permitir homeschooling o autonomía escolar podría fomentar enfoques personalizados, adaptados a realidades diversas como zonas rurales o familias con necesidades específicas. En un mundo cada vez más digital y globalizado, abrir puertas a educación virtual o híbrida (incluso internacional) suena pragmático y podría elevar la calidad si se regula bien. Además, vincular el financiamiento a la demanda (como vouchers para familias) podría incentivar competencia entre escuelas, lo que en teoría mejora la eficiencia y empodera a los padres, algo que ha funcionado en modelos como el de Chile o Suecia, aunque con matices.

Dicho eso, no todo es color de rosa, y aquí viene el lado crítico: hay riesgos reales de aumentar la desigualdad. Si el financiamiento se vuelve más "por demanda", familias de bajos recursos o en áreas marginadas podrían quedar rezagadas si no acceden a opciones de calidad, y eliminar el piso del 6% del PBI para educación podría reducir inversión pública en un momento en que se necesita más, no menos.

El homeschooling es genial para algunos, pero sin controles estrictos (aunque la ley menciona monitoreo para prevenir abusos), podría exponer a niños a entornos no óptimos o falta de socialización. Además, la mayor autonomía escolar es un doble filo: bien implementada, libera creatividad; mal, podría fragmentar el sistema y bajar estándares nacionales, afectando la equidad. Hay controversias mencionadas en la prensa, como preocupaciones por una posible "mercantilización" de la educación o la eliminación de la enseñanza religiosa optativa en escuelas públicas (que se sacó del borrador final), lo que refleja tensiones ideológicas.

En resumen, aplaudo el espíritu reformista –Argentina necesita cambios para no quedarse atrás–, pero el diablo está en los detalles: implementación, regulación y evaluación continua serán clave para que no termine exacerbando problemas en lugar de resolverlos.