Milei relanza las extraordinarias: el Congreso volvería a sesionar el 2 de febrero

Tras una serie de reuniones técnicas este lunes, el Gobierno definió el 2 de febrero como la fecha tentativa para reabrir el Congreso en sesiones extraordinarias. El temario prioritario incluye la reforma laboral y cambios en la Ley de Glaciares. El decreto de convocatoria sería firmado por el presidente en la última semana de enero, mientras la mesa política de la Casa Rosada aprovecha el mes para cerrar acuerdos estratégicos con gobernadores y legisladores aliados.

La reforma laboral ya cuenta con dictamen, pero no llegó al recinto porque el oficialismo definió priorizar la sanción del Prespuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal, que promueve el uso de dólares del "colchón". Los cercanos al jefe de Estado no descartan cambios en el texto que modifica el régimen del trabajo para lograr su sanción.

"Todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera", agregan. Los interlocutores oficiales mantienen la postura igualmente de que no planean convocar a las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar en el corto plazo y le bajan el tono a la posibilidad de que se convoque a un paro general.

En el Gobierno reconocen que los cambios tributarios de la reforma laboral implican un costo fiscal estimado en torno al 0,5% del PBI, pero apuestan a que el impacto sea compensado por un aumento de la formalidad y del empleo registrado. Según proyecciones privadas, ese porcentaje equivale a una merma de ingresos cercana a US$3500 millones anuales, informó el sitio TN.

Es una cifra que es superior a las estimaciones difundidas que se concentraron en el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y lo ubicaron en torno a US$2500 millones por año. Se trata de la reasignación del 3% de las contribuciones patronales desde el sistema previsional hacia un fondo destinado a financiar indemnizaciones por despido.

Los rendimientos quedan exentos del impuesto a las ganancias y del IVA, con excepción de las comisiones. Es la parte del articulado que más le interesa al Ejecutivo porque buscan recapitalizar el mercado local a través de la inversión de ese monto. El documento que la Casa Rosada envió al Senado abarca además otros cambios tributarios.

Contempla la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo, la exención de ese tributo sobre la venta de inmuebles por parte de personas humanas, la ampliación de exenciones para ciertos rendimientos financieros, la devolución acelerada del saldo técnico de IVA para medianas inversiones y la eliminación de varios impuestos internos selectivos.

El Gobierno argumenta que una pérdida de US$3500 millones -equivalente a 0,5% del PBI— no pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas si se cumplen las metas del Presupuesto 2026. Según las proyecciones oficiales, el Tesoro prevé un superávit primario cercano al 1,5% del PBI, lo que permite absorber ese costo sin incurrir en déficit.

La apuesta del Ejecutivo se basa en que la reforma laboral reduzca el costo del empleo formal, incentive la registración y eleve la base imponible, lo que permitiría compensar parte de la baja inicial de ingresos con mayor recaudación por IVA, Ganancias y aportes sociales. El sector menos optimista del oficialismo advierte que el impacto puede ser "muy lento".

En la Casa Rosada descartan por el momento enfocar los esfuerzos en negociar otras iniciativas como el nuevo Código Penal o el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La estrategia oficial es avanzar de manera escalonada, priorizar las reformas vinculadas a lo económico e intentar evitar choques con aliados.

En Balcarce 50 admiten que la estrategia fiscal está atada a una secuencia política y económica más amplia. Es por eso que definieron fragmentar la reforma tributaria y avanzar primero con los cambios incluidos en la reforma laboral, mientras postergan un rediseño integral del sistema impositivo -como la modificación del IVA, la eliminación del impuesto al cheque y cambios en la coparticipación- por falta de margen fiscal y consenso político.