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A través de una audiencia llevada a cabo en el Centro Judicial de La Banda, la jueza de Control y Garantías Luciana Oyola resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento ni a la excarcelación solicitada para un sujeto imputado por violencia de género.
Durante el debate, la defensa de Enrique Lorenzo Coria pidió que sea puesto en libertad y por el contrario la Justicia dictó la prisión preventiva por el plazo de 120 días, imputado por los delitos de amenaza simple y desobediencia judicial, en el marco de una causa de violencia de género.
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El fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, solicitó la medida de coerción al considerar acreditados los riesgos procesales, la reiteración de conductas y el incumplimiento de medidas judiciales previamente impuestas.
Según surge del legajo, la denunciante, ex pareja del imputado, manifestó que se encuentra separada de Coria desde hace más de un año y que el mismo contaba con medidas restrictivas vigentes, entre ellas la colocación de tobillera electrónica y la entrega de un dispositivo dual.
Según la investigación Judicial, no obstante ello, denunció que el acusado continuó con conductas de hostigamiento, seguimiento y contacto indirecto, concurriendo a los lugares que ella frecuentaba y comunicándose a través de redes sociales con el hijo menor de ambos para conocer su paradero.
Además explicó que en uno de los hechos investigados, ocurrido en noviembre de 2025, la mujer relató que fue interceptada por el imputado en la vía pública cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela, situación que le generó temor.
Asimismo, reveló ante los uniformados que días después el acusado habría accedido de manera ilegítima a su teléfono celular mediante su correo electrónico, dejándola sin dispositivo, lo que fue interpretado como un nuevo incumplimiento de las medidas de restricción.
Durante la audiencia, la defensa solicitó el sobreseimiento del imputado y, de manera subsidiaria, su excarcelación, planteos que fueron rechazados por la magistrada. Al resolver, la Dra. Oyola sostuvo que las evidencias reunidas en la causa permiten sostener la imputación y que la reiteración de hechos, sumada a la desobediencia de órdenes judiciales.








