La medida implica un endurecimiento del marco legal con el objetivo de frenar intentos de desestabilización, aunque desde el Ejecutivo aseguraron que no se verá alterada la vida cotidiana ni el funcionamiento de las instituciones.
Guatemala decreta estado de sitio por 30 días tras una ola de violencia Guatemala decreta estado de sitio por 30 días tras una ola de violencia
El Gobierno de Guatemala dispuso un estado de sitio por un período de 30 días como respuesta a una ola de violencia vinculada a pandillas y organizaciones criminales. La medida implica un endurecimiento del marco legal con el objetivo de frenar intentos de desestabilización, aunque desde el Ejecutivo aseguraron que no se verá alterada la vida cotidiana ni el funcionamiento de las instituciones.
Las autoridades sostienen que la decisión se enmarca en un proceso de recuperación del control estatal sobre estructuras criminales que, según indicaron, habían capturado instituciones y debilitado la justicia nacional. "No negociamos con criminales. En el marco de la ley y la justicia los estamos poniendo de rodillas", afirmaron desde el Gobierno tras recientes operativos en los que lograron liberar a rehenes en centros penitenciarios sin víctimas fatales.
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En señal de duelo por la muerte de agentes policiales, el Ejecutivo decretó además tres días de luto nacional. El pabellón del Palacio Nacional permanecerá a media asta, mientras las autoridades destacaron el impacto humano de los hechos y reafirmaron la prioridad de garantizar la seguridad pública frente a los ataques criminales.
Alcances del estado de sitio
De acuerdo con la legislación guatemalteca, el estado de sitio puede aplicarse ante situaciones que involucren terrorismo, sedición, rebelión, asesinatos, secuestros o ataques armados que pongan en riesgo el orden constitucional o la seguridad del Estado. Durante su vigencia, el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución operativa en el ministro de la Defensa Nacional.
En este contexto, todas las entidades estatales deben colaborar con la autoridad militar. Las fuerzas armadas reciben facultades extraordinarias para intervenir y disolver organizaciones, incluso aquellas sin personería jurídica, y para detener a personas sospechadas de alterar el orden público sin necesidad de una orden judicial previa. También se autoriza el uso de medios preventivos, defensivos u ofensivos para restablecer la normalidad.
El Gobierno remarcó que los recientes hechos de violencia estarían vinculados a la pérdida de privilegios de los grupos delictivos afectados por las reformas en materia de seguridad y al avance del Estado sobre estructuras criminales enquistadas. En ese sentido, insistió en que la estrategia adoptada ya muestra resultados y reiteró que el estado de sitio no implica la suspensión de la vida institucional ni de las actividades diarias.
Un fin de semana marcado por la violencia
Durante el fin de semana se registraron disturbios y motines en cárceles de distintas regiones del país, mientras grupos criminales perpetraron ataques y asesinatos contra efectivos de la Policía Nacional Civil. La situación generó alarma social y obligó a reforzar la presencia policial y militar en los centros penitenciarios más conflictivos.
Las intervenciones en los recintos carcelarios permitieron rescatar a más de 40 rehenes, incautar armas y realizar traslados médicos, con la participación de equipos de rescate que asistieron a las personas liberadas.
La gravedad de los hechos llevó incluso a la embajada de Estados Unidos en Guatemala a emitir una alerta de emergencia para sus ciudadanos. Además, se suspendieron las clases a nivel nacional, se redujo el transporte público y se cancelaron actividades recreativas, mientras que la Iglesia católica también resolvió suspender misas.
Al cierre de esta nota, se reportaban al menos ocho agentes policiales fallecidos y más de diez heridos, en una serie de episodios de violencia que mantienen en vilo al país centroamericano.
