La reforma laboral de Milei implicaría una pérdida de más de $74 mil millones para Santiago del Estero

El avance de la reforma laboral en el Senado no solo genera debate normativo, sino que ha desatado una fuerte preocupación fiscal en el interior del país. Según un informe técnico de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el proyecto esconde una "reforma tributaria encubierta" que impactaría de lleno en las arcas provinciales al reducir la masa de recursos coparticipables.

El estudio advierte que la baja en contribuciones patronales y la creación del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) restarán ingresos que, por ley, se distribuyen en un 59% hacia los distritos. Entre las jurisdicciones más golpeadas se encuentran:

- Buenos Aires: Lidera la pérdida con $397.257 millones.

- Santa Fe y Córdoba: Con mermas superiores a los $160.000 millones cada una.

-Santiago del Estero: Se ubica entre las diez más afectadas, en octavo lugar con una caída estimada de $74.739 millones.

Mientras el Gobierno defiende la medida como una "inversión" necesaria para blanquear trabajadores, figuras de la oposición como Jorge Capitanich alertan que el desfinanciamiento del sistema previsional y la caída del consumo podrían elevar el desempleo.

El trabajo elaborado por el sindicato de los empleados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y que toma datos oficiales, refleja cuánto se reduciría la recaudación de impuestos por los cambios tributarios propuestos por Javier Milei y, por lo tanto, cuánto menos dejará de recibir cada provincia por Coparticipación. Conforme a la ley 23.548, en la distribución de la masa coparticipable se le asigna a Nación un 40%, un 1% a los aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un 59% para las jurisdicciones subnacionales.

El informe hace hincapié en aspectos del proyecto de ley que introducen cambios en materia impositiva y cómo repercute ello en provincias, pero también en el sistema de seguridad social:

-Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), herramienta financiera para que el empleador prevea y afronte obligaciones indemnizatorias, implica 3 puntos de la masa salarial. Esto será financiaría con la reducción de tres puntos porcentuales en contribuciones patronales. Para las empresas tiene un impacto neutro, pero desfinancia al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen público de reparto gestionado por la Anses.

- El artículo 163 del proyecto establece la reducción de Contribuciones Patronales de 20,4% a 17,4% para empleadores del rubro servicios y del 18% a 15% para el resto de los empleadores privados, siempre y cuando tengan trabajadores registrados. Un beneficio para el empleador, pero otra merma de fondos para la seguridad social.

- Se menciona la reducción de Ganancias a sociedades, además de la suma de la derogación parcial de tributos internos, cuya recaudación termina en las finanzas provinciales. Allí se abarcan los de seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos automotores y motores, embarcaciones de recreo o deportes, y aeronaves.

Para el gremio, esta reforma laboral es una reforma tributaria encubierta que generará problemas en los ingresos en todas las provincias. Inconvenientes incluso en Nación, que dejaría de percibir fondos.

Más crítico se mostró el senador nacional y exgobernador chaqueño, Jorge Capitanich, que elaboró un informe sobre los ingresos que dejarán de recibir las provincias si se aprueba la reforma laboral en el Congreso. En el escenario más "benigno" calculó que la merma será de $ 1,7 billones para los distritos, mientras que en el peor podría alcanzar los $ 4,6 billones. La diferencia entre ambos dependerá de la recaudación final y de los componentes que se consideran para el cálculo, como por ejemplo, los quebrantos.

Asimismo, cuestionó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) le quitará al sistema jubilatorio cerca de US$ 4.300 millones con ese 3% que dejará de ir a la Anses.

Rescató que el trabajo se basó en cifras oficiales y metodología de la Comisión Federal de Impuestos, y que dimensiona "la magnitud real del impacto fiscal que esconden apenas tres artículos del proyecto bajo análisis".

"Lejos de tratarse de ajustes marginales o incentivos focalizados, estas disposiciones implican una pérdida recaudatoria anual de $8.149.521.000.000, equivalente a USD 5.727 millones, derivada de concesiones tributarias dirigidas a grandes empresas y sectores privilegiados, que impactan directamente en la coparticipación, sin contrapartidas verificables en términos de inversión, empleo o desarrollo productivo".