Por Luis Ger
Defensa de la Constitución, los Derechos y la Soberanía Defensa de la Constitución, los Derechos y la Soberanía
El Movimiento Justicia y Libertad expresa su más enérgico repudio a un conjunto de decisiones políticas, administrativas y normativas del gobierno de Javier Milei que, en su acumulación y orientación, configuran un proceso de degradación institucional, vulneración de derechos y daño profundo al Estado como garante del bien común.
No se trata de "reformas" aisladas: se trata de un modelo que pretende gobernar por encima de los equilibrios republicanos, con un Estado reducido a "gerencia" y una ciudadanía degradada a "costo".
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Gobernar por DNU: excepción convertida en regla
La Constitución prevé los Decretos de Necesidad y Urgencia como instrumento excepcional. Sin embargo, este gobierno ha utilizado los DNU como método de gobierno, desplazando el debate democrático y la deliberación parlamentaria.
El DNU 70/2023 declaró amplias emergencias y modificó/afectó un conjunto masivo de normas, con impacto directo sobre derechos económicos y sociales.
Esta forma de legislar "por decreto" erosiona el principio republicano: la ley no puede nacer del capricho del Ejecutivo, sino del Congreso, con participación, control y publicidad.
También advertimos que, bajo el paraguas de "emergencias" y "delegaciones", se consolidó una lógica de poder concentrado, profundizada con la Ley de Bases (Ley 27.742), que declara emergencias y delega facultades al Ejecutivo en áreas sensibles.
Ataque al trabajo: reforma laboral y regresión de derechos
El gobierno impulsa y reintroduce —por vías diversas— un programa de flexibilización que deteriora la protección del trabajo, debilita la negociación colectiva, facilita despidos y precariza condiciones. Diversos análisis señalan que el combo normativo (DNU 70/2023 y Ley Bases) se orienta a "abaratar" el trabajo y limitar herramientas sindicales.
Rechazamos cualquier intento de modificar la Ley de Contrato de Trabajo para retroceder en derechos adquiridos. El trabajo no es mercancía: es dignidad, salario, salud y futuro.
Discapacidad: desmantelamiento institucional y riesgo para derechos básicos
El área de discapacidad ha sido objeto de decisiones que generan alarma por su potencial impacto en continuidad de prestaciones, rectoría de políticas y enfoque de derechos.
El Decreto 942/2025 dispuso que el Ministerio de Salud actúe como continuador "a todos sus efectos" de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y derogó artículos centrales del decreto que organizaba la Agencia.
En paralelo, existen denuncias públicas y judiciales por presuntas irregularidades vinculadas a compras/contrataciones en el entorno de ANDIS, que han motivado cobertura periodística y seguimiento judicial.
La discapacidad no puede ser variable de ajuste ni caja de negocios. Exigimos garantía de prestaciones, transparencia total, auditorías públicas y participación de organizaciones de personas con discapacidad y prestadores.
Política exterior y tratados: la obligación de control democrático
La firma de compromisos internacionales no puede operar como "cheque en blanco" ni atajo para evitar el Congreso. Se han publicado denuncias periodísticas sobre instrucciones para eludir el tratamiento parlamentario en decisiones de inserción internacional.
La política exterior debe regirse por Constitución, publicidad, debate y control: no por alineamientos automáticos, secretos administrativos o hechos consumados.
Tierra del Fuego, Puerto de Ushuaia y soberanía: decisiones sin consenso social
La intervención/control del Puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional generó un conflicto institucional con la provincia y fuertes cuestionamientos sobre autonomía, federalismo y orientación geopolítica del Atlántico Sur.
Medios informaron la intervención por un año mediante la autoridad nacional portuaria, en un contexto donde la oposición provincial denuncia avasallamiento y se vinculan estos movimientos a intereses estratégicos externos en la región.
En los últimos días, además, se reportaron hechos que incrementaron la controversia política en Ushuaia, incluida la llegada de un avión militar estadounidense y el reclamo provincial por falta de información oficial suficiente.
Tierra del Fuego y el Atlántico Sur no son un tablero para "mostrar alineamiento": son soberanía, recursos, Antártida, defensa nacional y futuro.
Ajuste contra el pueblo: licuación social y debilitamiento del Estado
Mientras se expanden facultades del Ejecutivo, se ejecuta un programa de ajuste que golpea jubilaciones, servicios públicos y condiciones de vida, con conflictividad social creciente. Un ejemplo: la discusión política y social alrededor de medidas económicas y previsionales se reflejó en protestas masivas ante decisiones del gobierno vinculadas al FMI y al ajuste.
El Estado no puede convertirse en un "enemigo interno" de su propio pueblo. Su función es garantizar derechos, equilibrar desigualdades y proteger a los más vulnerables.
Corrupción y opacidad: denuncias desde el inicio y tolerancia cero
Denunciamos un clima de opacidad y la aparición recurrente de escándalos, denuncias y renuncias vinculadas a presuntas irregularidades en áreas sensibles. Recientemente, se informó la renuncia de un secretario de Transporte tras una denuncia por presunta corrupción en subsidios del sector.
También se registran causas en investigación y reportes sobre presuntas irregularidades en otros ámbitos (por ejemplo, controversias públicas sobre controles aduaneros y denuncias periodísticas).
Afirmamos con responsabilidad: cuando hay denuncias, la respuesta no es el blindaje mediático ni la agresión a quien pregunta; la respuesta es expediente, auditoría, transparencia y justicia.
Exigimos
- Cese del abuso de DNU y respeto integral al control de la Comisión Bicameral y el Congreso.
- No a la reforma laboral regresiva y defensa plena de la Ley de Contrato de Trabajo y derechos colectivos.
- Garantía efectiva de prestaciones en discapacidad y reconstrucción de una política integral con participación social.
- Tratados y compromisos internacionales con debate parlamentario y publicación completa de anexos y obligaciones.
- Federalismo real: ninguna intervención estratégica en Tierra del Fuego sin acuerdo, fundamentos públicos y control.
- Plan nacional anticorrupción verificable, con compras abiertas, trazabilidad, declaraciones y control ciudadano.
No se defiende la patria con discursos: se la defiende frenando el atropello. Pero debemos estar alerta siempre, informados y difundiendo lo que pasa, para defender nuestra Nación en la búsqueda de una Argentina que merezca ser vivida.
