La causa sigue en desarrollo mientras la fiscalía reúne más testimonios y pruebas para apoyar su teoría del caso, y ahora resta saber si el juez resolverá el pedido de prisión preventiva para los dos acusados.
Pidieron la prisión preventiva para dos empleados del Senado bonaerense acusados de liderar una secta Pidieron la prisión preventiva para dos empleados del Senado bonaerense acusados de liderar una secta
La fiscalía de La Plata solicitó este miércoles al juez de Garantías que se decrete prisión preventiva para dos empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires acusados de liderar una secta que sometía a mujeres, incluidas militantes y empleadas, a presuntos abusos sexuales y otras conductas delictivas.
Los imputados, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, se encuentran detenidos y, según la acusación, participaron en al menos ocho hechos de abuso sexual agravado, además de ser señalados por privación ilegal de la libertad y otros delitos graves.
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La fiscal Betina Lacki fundamentó su pedido en la gravedad de las acusaciones, el riesgo de fuga de los imputados y la posibilidad de entorpecimiento del proceso penal si permanecen en libertad. Ahora, el juez Juan Pablo Masi tiene un plazo de cinco días para resolver si concede la medida cautelar solicitada.
Antes de tomar una decisión final, el magistrado convocará a una audiencia, tal como lo pidió la defensa de los acusados. En ese encuentro, los abogados podrán plantear que sus clientes accedan a una morigeración de la medida, como el arresto domiciliario, o impugnar las pruebas presentadas por la fiscalía.
Según la investigación fiscal, la organización operaba bajo una estructura jerárquica desde al menos 2015 y utilizaba discursos de tipo místico para captar y manipular a sus víctimas. Rodríguez, que se hacía llamar "Dios Kiei", ejercía una autoridad simbólica sobre las integrantes del grupo, mientras que Silva Muñoz, quien asumía el rol de "sensei" o maestra espiritual, habría facilitado la relación de dependencia con el supuesto líder.
Las víctimas, muchas de ellas jóvenes, relataron ante la Justicia que inicialmente se acercaron por vínculos personales o políticos —algunas incluso conocieron a los acusados en actividades universitarias o dentro de una agrupación política— y luego fueron sometidas a presiones psicológicas y sexuales.
Algunas de estas situaciones habrían tenido lugar no solo en domicilios particulares, sino también en espacios vinculados al trabajo de los imputados, según consta en las denuncias.
