La santiagueña grabó una video donde pide ayuda.
Ordenan la detención para la santiagueña Agostina Páez en una causa por injuria racial Ordenan la detención para la santiagueña Agostina Páez en una causa por injuria racial
La causa judicial que involucra a Agostina Páez sumó en las últimas horas un nuevo y delicado episodio en Brasil. La abogada e influencer santiagueña difundió un video en sus redes sociales en el que aseguró haber sido notificada de una orden de prisión preventiva dictada por la Justicia de Río de Janeiro, en el marco de la investigación por injuria racial iniciada tras un incidente ocurrido el pasado 14 de enero a la salida de un boliche.
En el video, que comenzó con la frase "necesito ayuda", Páez se mostró visiblemente angustiada y expresó su temor ante la medida judicial. Según relató, la orden fue dispuesta bajo el argumento de un supuesto peligro de fuga, pese a que se encuentra cumpliendo medidas cautelares desde el 1 de febrero. Entre ellas, detalló que tiene colocada una tobillera electrónica, le fue retenido el pasaporte y permanece a disposición de la Justicia brasileña.
También te puede interesar:
"Recibo la notificación de que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el primer día. Se están vulnerando todos mis derechos, estoy desesperada y muerta de miedo", manifestó la joven en el video, donde pidió que su situación se haga pública.
De acuerdo a lo explicado por Páez, la decisión judicial resulta contradictoria con las medidas dispuestas anteriormente por el tribunal, que incluían la prohibición de salir del país y el monitoreo electrónico como garantías suficientes para asegurar su comparecencia en el proceso.
La causa se originó luego de que cámaras de seguridad captaran a la influencer realizando gestos y sonidos considerados ofensivos durante una discusión con empleados de un local nocturno del barrio de Ipanema. Si bien la acusada sostuvo en su descargo que se trató de una broma, el Ministerio Público de Río de Janeiro rechazó esa versión y avanzó con la imputación formal por injuria racial, delito que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión..
