La UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA reclaman un plan de lucha urgente. "No hay nada para negociar", lanzó Abel Furlán tras la media sanción en el Senado. El oficialismo busca convertir el proyecto en ley el próximo jueves.
Crece la presión de los gremios "duros" a la CGT: exigen un paro general contra la reforma laboral Crece la presión de los gremios "duros" a la CGT: exigen un paro general contra la reforma laboral
El clima de tregua entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno parece haber llegado a su fin. Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado el pasado miércoles, un importante sector del sindicalismo, encabezado por la UOM, Aceiteros y ATE, junto a las dos CTA, elevó el tono de su reclamo y exige a la central obrera la convocatoria inmediata a un paro nacional con movilización.
La presión surge en un momento crítico: el oficialismo ya puso fecha al debate final en la Cámara de Diputados, con la intención de obtener dictamen este miércoles 18 y llevar el proyecto al recinto el jueves 19 de febrero.
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Desde los sectores más combativos sostienen que la estrategia de negociación que llevó adelante la mesa chica de la CGT —que logró mantener las cuotas solidarias y frenar la baja de contribuciones patronales a obras sociales— fue insuficiente.
Abel Furlán (UOM): El titular de los metalúrgicos fue tajante al señalar que "no había nada para negociar en esos 213 artículos" y calificó al proyecto como una "pérdida de dignidad para los trabajadores". Adelantó que pedirán formalmente al triunvirato de la calle Azopardo una huelga general que coincida con el tratamiento en Diputados.
Rodolfo Aguiar (ATE): El secretario general de los estatales se sumó al pedido asegurando que "están dadas todas las condiciones" para una medida de fuerza nacional. "No hay posibilidades de frenar el proyecto sin un plan de lucha", sentenciaron desde el gremio.
El Gobierno de Javier Milei llega a la Cámara Baja con el impulso del triunfo en el Senado (42 votos a favor frente a 30 en contra). El objetivo de la Casa Rosada es sostener el texto tal como salió de la Cámara Alta, blindando las 28 modificaciones que ya fueron acordadas para evitar que el proyecto deba regresar al Senado.
