Provincias fijaron una posición en contra del proyecto oficial de reforma laboral

A través de un comunicado titulado "Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización", los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron que el proyecto oficial de reforma laboral atenta contra los derechos laborales existentes. También remarcaron que están "convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo". "La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades", reconocieron.

Sin embargo, consideran que la iniciativa oficial lejos está de perseguir estos propósitos, por lo cual se mostraron en contra de su aprobación.

Consideraron que la propuesta legislativa del gobierno "debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral". 

Agregaron que el gobierno impulsa una legislación regresiva en materia de derechos laborales, en "el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización". 

Consideraron que la ley de reforma laboral oficial, "lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, los agrava". 

Recalcaron que no se oponen a un cambio, sino a una ley que "consolida la desprotección". 

En ese sentido, recordaron que la Organización Internacional del Trabajo ha establecido "lineamientos claros sobre lo que implica una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social". 

Además, advirtieron que la norma tiene efectos que "impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas". 

Sobre ello, consideraron que la Argentina es un país federal, y que por lo tanto "las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial". 

Consideraron que la informalidad laboral se debe abordar "mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad". 

"El futuro se construye asegurando derechos, progreso y desarrollo", añadieron y remarcaron la voluntad de "debatir" proyectos de esta naturaleza "en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional".