Mientras el oficialismo impulsa el proyecto de reformas laborales en el Congreso, surgen acusaciones cruzadas, sospechas de maniobras políticas y fuertes críticas de sectores sindicales y opositores sobre el rol de los gobernadores.
Oficialismo y kirchnerismo, enfrentados por el rol de los gobernadores Oficialismo y kirchnerismo, enfrentados por el rol de los gobernadores
La discusión en torno a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei se transformó en uno de los principales focos de confrontación en la escena política nacional. Más allá de los debates técnicos sobre el contenido de la ley, surgieron versiones y tensiones internas que ponen en evidencia la complejidad de las negociaciones políticas detrás del proyecto.
En el oficialismo hubo versiones encontradas sobre la autoría de ciertos agregados al documento que fue tratado en sesiones extraordinarias, lo que alimentó especulaciones sobre una supuesta "estrategia de desgaste" dentro del propio espacio libertario. Desde el Gobierno, sin embargo, relativizaron estas versiones y evitaron atribuir responsabilidades claras.
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El proyecto, que ya logró media sanción en el Senado y avanzó en la Cámara de Diputados, requiere ahora la aprobación final del Senado tras la eliminación de una cláusula polémica. A pesar de un paro general de 24 horas convocado por la CGT en rechazo al texto, los legisladores oficialistas y sus aliados consiguieron los votos necesarios para seguir con el trámite legislativo.
Uno de los aspectos que más ha generado malestar fue el rol de algunos gobernadores provinciales peronistas y aliados que, pese a la oposición gremial, aportaron su apoyo al quórum y acompañaron en comisiones y sesiones clave. Organizaciones sindicales y dirigentes de oposición no tardaron en cuestionar a estos mandatarios por haber facilitado el avance del proyecto, denunciando que se hicieron concesiones políticas a cambio de respaldo.
Este escenario generó un fuerte malestar entre referentes kirchneristas y aliados de Unión por la Patria, que acusaron a ciertos gobernadores de actuar en contra de los intereses de los trabajadores y de la tradición sindical del peronismo. Las tensiones abiertas reflejan no solo la resistencia a la reforma laboral en sí, sino también las disputas internas dentro del espacio opositor sobre cómo enfrentar la agenda del Gobierno.
En Casa Rosada, por su parte, se defienden los avances como parte de una "modernización" necesaria del mercado laboral y un paso hacia la formalización del empleo, pese a las críticas y protestas sociales. Con el proyecto ya en su última etapa legislativa, el clima político sigue cargado de incertidumbre y confrontación.
