Cuando el ajuste se disfraza de modernización 

La Argentina de las reformas eternas, hay algo que rara vez se discute con honestidad: no es lo mismo cambiar leyes que cambiar lógicas. Y cuando las lógicas permanecen intactas —la del privilegio, la del acuerdo corporativo, la de la toma y daca parlamentario— toda reforma termina pareciéndose demasiado a aquello que decía combatir.

Conviene volver a la distinción que formuló Frédéric Bastiat entre justicia y fraternidad. La primera es el objeto propio de la ley: proteger derechos, garantizar igualdad ante la norma, impedir que unos avancen sobre otros. La segunda pertenece al terreno moral, voluntario, humano. Cuando el Estado pretende convertir la fraternidad en obligación jurídica, la desnaturaliza. Y cuando utiliza la ley para imponer beneficios sectoriales: menos derechos no es sinónimo de más empleo.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei bajo una premisa clara: el problema del empleo argentino es el "exceso de rigidez" del sistema laboral. Según esa lógica, si se reducen costos y se flexibilizan normas, el mercado generará más trabajo.

La pregunta es si esa premisa resiste análisis. Qué cambia en términos concretos, la reforma modifica pilares centrales del derecho laboral argentino. Amplía el período de prueba, reduciendo estabilidad en los primeros meses. Habilita mecanismos alternativos a la indemnización tradicional, atenúa sanciones por empleo no registrado, introduce cambios en la dinámica de conflicto colectivo. No se trata de ajustes marginales. Son alteraciones en la arquitectura protectoria que históricamente buscó equilibrar una relación naturalmente desigual: la del trabajador frente al empleador.

El derecho laboral no nació como concesión graciosa del mercado, sino como respuesta a esa asimetría estructural. El debate económico de fondo, el argumento oficial sostiene que la rigidez laboral desalienta la contratación. Pero la evidencia argentina es concluyente.

Durante la década de 1990 se aplicaron reformas flexibilizadoras. El desempleo, lejos de desaparecer, alcanzó niveles históricos. La variable determinante no fue la indemnización, sino el ciclo económico, el endeudamiento y la apertura comercial abrupta. El empleo crece cuando crece la economía.

Si no hay demanda, crédito ni estabilidad, abaratar el despido no crea puestos de trabajo: abarata el despido. Las decisiones de inversión se toman por expectativas de rentabilidad futura, no por el costo eventual de una indemnización. El riesgo de la precarización silenciosa

Extender el período de prueba puede incentivar rotación. Reducir sanciones por informalidad puede consolidar prácticas irregulares. Debilitar la capacidad de negociación colectiva puede concentrar poder en el empleador. Nada de eso garantiza más empleo formal; sí puede generar mayor fragilidad laboral.

Y hay un dato estructural ineludible: Argentina tiene desde hace años un problema de informalidad crónica que ronda un tercio de su fuerza laboral. Ese fenómeno no surgió por exceso de derechos, sino por bajo crecimiento sostenido y crisis recurrentes.

El pacto social en discusión, Desde mediados del siglo XX, particularmente durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el trabajo fue concebido como eje de integración social y ciudadanía. Con el tiempo, ese marco se convirtió en parte del contrato social argentino.

Reformarlo no es ilegítimo, pero hacerlo bajo la premisa de que el derecho laboral es el obstáculo central del desarrollo puede ser una simplificación peligrosa. La pregunta que queda abierta. Si en los próximos años el empleo no crece de manera sostenida, ¿cuál será la explicación? ¿Faltarán aún más reformas? ¿O se reconocerá que el problema era macroeconómico y productivo, no jurídico?

La competitividad de un país moderno no se construye solo reduciendo costos laborales. Se construye con inversión, estabilidad, innovación y productividad, Si la reforma no logra generar empleo, el saldo no será neutro: los derechos debilitados no se recuperan con facilidad.

Modernizar no debería significar desproteger. El verdadero desafío es crear trabajo sin erosionar la dignidad que lo sostiene.

Una reforma laboral no es un trámite técnico: es una definición moral sobre qué lugar ocupa el trabajador en la sociedad. Y la impulsada por Javier Milei no es una modernización neutral ni una simple "desregulación". Es, en esencia, un cambio de paradigma que desplaza el eje desde la protección del más débil hacia la comodidad del más fuerte.

El discurso oficial repite que la rigidez laboral es la madre de todos los males: informalidad, litigiosidad, desempleo. Bajo esa premisa, la solución sería abaratar el despido, ampliar los períodos de prueba, relativizar multas y flexibilizar condiciones. La promesa es conocida: menos "costos", más empleo. Sin embargo, la historia argentina —y la comparada— demuestra que la precarización no genera trabajo genuino; genera rotación, incertidumbre y salarios deprimidos.

El primer punto crítico es el debilitamiento del principio protector. El derecho laboral nació para equilibrar una relación estructuralmente desigual. Si la reforma diluye sanciones por empleo no registrado o reduce indemnizaciones bajo el argumento de "incentivar la contratación", el mensaje implícito es claro: incumplir puede salir más barato. En vez de combatir la informalidad fortaleciendo la inspección y simplificando cargas para pequeños empleadores, se opta por resignar derechos como variable de ajuste.

Segundo, la narrativa que equipara derechos con privilegios. Se instala la idea de que indemnizaciones, convenios colectivos o multas por fraude laboral son trabas corporativas. Pero esos instrumentos no son caprichos ideológicos; son garantías construidas tras décadas de conflictos sociales. Convertirlos en obstáculos es desconocer que la paz social tiene un precio: el respeto a reglas claras que protejan al más vulnerable.

Por supuesto, el mercado laboral argentino necesita reformas. La litigiosidad excesiva y la maraña normativa no son ficciones. Pero la solución no puede ser unilateral. Modernizar no es desmantelar.Reformar no es desproteger. Una política laboral seria debería convocar a sindicatos, pymes y expertos independientes para diseñar un esquema que fomente el empleo sin degradar estándares mínimos.

El riesgo mayor de esta reforma no es jurídico, sino cultural: naturalizar que la competitividad exige resignar derechos. Cuando el trabajo pierde estabilidad, el consumo se retrae; cuando el salario se debilita, la economía real se enfría; cuando el miedo reemplaza a la previsibilidad, la cohesión social se erosiona.

El gobierno sostiene que el tiempo demostrará los beneficios. Pero el problema es que los costos son inmediatos y recaen sobre quienes menos margen tienen para absorberlos. La Argentina necesita crecimiento, inversión y productividad. Lo que no necesita es un atajo que, en nombre de la libertad, termine consolidando la fragilidad.

Porque si la libertad contractual se impone sin equilibrio, deja de ser libertad y se convierte en imposición. Y una reforma que nace prometiendo dinamismo puede terminar consagrando algo mucho más antiguo: la ley del más fuerte.