Condenaron a un expolicía que sacaba presos de la comisaría y los hacía trabajar como albañiles

Gustavo Javier Beltrán, quien se desempnañaba como policía en la provincia de Tucumán, fue condenado a tres años y un mes de prisión por sacar presos de la comisaría para hacerlos trabajar como albañiles en su casa.

La Justicia determinó que el exjefe de la Unidad Regional Norte (URN) de la Policía de Tucumán cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La condena se dio a conocer el viernes y será de cumplimiento efectivo. Además, se impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una reparación económica.

La condena surge tras comprobar que Beltrán trasladó a los detenidos sin autorización judicial y los hizo trabajar en tareas de albañilería en su beneficio personal, utilizando recursos estatales.

La decisión judicial se determinó en un juicio abreviado y permitió a las partes acordar los términos de la condena, que incluye el decomiso de un cuatriciclo como parte de la reparación económica. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, Beltrán fue hallado culpable de peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.

El auxiliar de fiscal, Federico Lizarraga, en representacion de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, expuso: "En su carácter de primer jefe de la Unidad Regional Norte se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación donde dispuso el traslado irregular de detenidos desde su lugar de alojamiento para permanecer en la URN, sin poseer un arresto formal ni control judicial".

En el mismo sentido, aseguró que "los utilizó para realizar trabajos de construcción en su beneficio personal, tanto en la propia dependencia como en su domicilio particular en El Cadillal. Para ello, usó recursos estatales, específicamente, un móvil policial que estaba asignado a su jefatura, del combustible y de la estructura operativa de la URN, los cuales fueron desviados de su finalidad pública, para satisfacer los intereses particulares del imputado. Finalmente, ordenó la inserción de información falsa en el libro de guardia de la URN".

Antes de que se conociera la sentencia, el expolicía confesó: "Presté 31 años de servicio y con la decisión que tomé perjudiqué no solo a mi persona, sino también a la institución. Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad".

Cómo comenzó el caso

Durante los primeros días de agosto y en noviembre de 2025, Beltrán organizó el traslado de cuatro detenidos desde las comisarías de Chuscha y Choromoro hacia las dependencias de la URN en Tafí Viejo. Todo ocurrió sin el conocimiento de la autoridad judicial competente.

Tal es así que el traslado no quedó asentado en los registros oficiales de la dependencia. El objetivo del policía era que los presos realizaran tareas de albañilería, tanto en instalaciones públicas como en su propiedad privada.

En el expediente se especifica que el acusado realizó un acuerdo con el sargento Luis Roberto Trejo y el cabo Osvaldo Lucas Tezeira para insertar información falsa en el libro de guardia. De la investigación, además, surgió que en aquel momento se consignó un patrullero que trasladaba a dos detenidos condenados con destino a la comisaría de Chuscha, pero en realidad la camioneta fue conducida hasta la casa en construcción de Beltrán en El Cadillal.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público Fiscal remarcó que Beltrán empleó recursos estatales, como el vehículo oficial asignado a su cargo, combustible y la infraestructura operativa de la URN, desviando estos bienes de su finalidad pública para satisfacer intereses personales.

En aquel momento, la Justicia había detenido a cuatro policías, acusados de estar involucrados en el caso.