El Gobierno busca aval legislativo para cerrar uno de los litigios pendientes desde la crisis de deuda. El acuerdo ya fue firmado en Nueva York, pero aún restan definiciones clave bajo reserva.
Milei enviará al Congreso un proyecto para saldar la deuda con fondos del default de 2001 Milei enviará al Congreso un proyecto para saldar la deuda con fondos del default de 2001
El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el envío al Congreso de un proyecto de ley que permitirá avanzar con el pago a los fondos que continuaban litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001. Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa ya fue revisada por la Secretaría de Legal y Técnica y se encuentra lista para su elevación formal.
"Estaba en proceso de revisión. Se manda entre hoy y mañana al Congreso", indicaron fuentes oficiales, que remarcaron que los equipos técnicos ultimaron detalles y optaron por el camino legislativo para otorgarle respaldo institucional al acuerdo. Por el momento, evitan brindar precisiones sobre el monto y la forma de pago, amparándose en la confidencialidad del entendimiento.
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El avance ya tiene respaldo en la Justicia de Estados Unidos. En una presentación realizada el 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los representantes legales del país confirmaron que el 1 de abril se firmó un acuerdo definitivo entre las partes, sujeto a la aprobación del Congreso argentino. En ese mismo documento se anticipó que el proyecto sería enviado al Parlamento en el corto plazo.
El conflicto involucra a Bainbridge Fund y a un grupo de acreedores liderado por Attestor, dos fondos que contaban con fallos firmes contra el país. Los reclamos alcanzaban cerca de 600 millones de dólares, aunque fuentes vinculadas al proceso señalan que el monto final sería menor, dado que parte de las garantías de los bonos Brady ya fue ejecutada.
La negociación permitió además frenar, al menos de manera transitoria, otras acciones judiciales en curso en Estados Unidos. Entre ellas, el intento de Bainbridge de avanzar sobre activos estatales como acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, medidas que quedaron en suspenso mientras se define el aval legislativo.
Con este movimiento, el oficialismo busca cerrar uno de los frentes judiciales abiertos desde el colapso de la deuda de 2001, pero con respaldo del Congreso y no únicamente mediante una decisión administrativa. En el Ejecutivo consideran que esta vía le otorga mayor solidez política y reduce el riesgo de futuras impugnaciones.
La iniciativa se enmarca, además, en una estrategia más amplia que combina la defensa judicial de ciertos casos —como el reciente fallo favorable en la causa por YPF— con la resolución negociada de otros litigios. La coordinación está a cargo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es avanzar en el cierre definitivo de los conflictos heredados del default, consolidando una política que combine respaldo institucional y negociación para resolver los compromisos pendientes.
