La Justicia detectó pagos de una productora privada durante un año previo a su ingreso al Gobierno. También analiza viajes y gastos del funcionario en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Antes de ser funcionario, Adorni recibió pagos mensuales de una productora vinculada a Grandio Antes de ser funcionario, Adorni recibió pagos mensuales de una productora vinculada a Grandio
La investigación judicial que involucra al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos vinculados a sus movimientos financieros antes de asumir funciones públicas. Según consta en el expediente, el funcionario recibió transferencias por un total de $1.670.900 provenientes de una productora privada entre fines de 2022 y diciembre de 2023.
Los giros fueron realizados por una empresa vinculada al productor Marcelo Grandio y se habrían extendido a lo largo de un año, coincidiendo con el período previo a la incorporación de Adorni al Gobierno como secretario de Comunicación.
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De acuerdo con la información incorporada a la causa, los depósitos se efectuaron de manera escalonada, con montos que variaron mes a mes y que tuvieron su punto más alto en diciembre de 2023. Los registros bancarios fueron obtenidos tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario ordenado por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
En paralelo, los investigadores también analizan otros movimientos económicos del funcionario, entre ellos viajes al exterior y consumos en moneda extranjera. Uno de los casos bajo revisión es un viaje familiar realizado a fines de 2024, cuyos gastos fueron abonados en dólares y ahora serán contrastados con los ingresos declarados.
Además, el expediente incluye operaciones inmobiliarias y erogaciones significativas que están siendo evaluadas para determinar si guardan relación con los ingresos oficiales del funcionario. En ese sentido, se prevé que la Justicia solicite documentación adicional a organismos fiscales para respaldar o descartar inconsistencias.
La causa continúa en etapa de análisis y busca establecer si existió o no un desbalance patrimonial que pueda configurar un delito. Mientras tanto, la investigación sigue sumando datos sobre los ingresos y gastos del actual jefe de Gabinete.
