En la presentación, el Ejecutivo adujo que el proyecto no "incluye detalle de qué partidas se deben modificar" para cumplirla.
El Gobierno apelará a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario El Gobierno apelará a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario
El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario. "La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla", expresaron desde el Ejecutivo en la presentación.
Desde la Casa Rosada reconocen que actualmente no cuentan con los recursos necesarios y ya anticipan que el cumplimiento de la norma podría implicar el regreso del déficit fiscal.
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La normativa exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de recomponer programas de becas estudiantiles, lo que representa el grueso del gasto.
Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades registran una caída real acumulada superior al 45% en los últimos años, mientras que los salarios del sector quedaron por debajo de la inflación.
En ese contexto, desde el ámbito universitario reclaman una recomposición urgente de ingresos, especialmente en un escenario donde el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una fuerte pérdida.
Pese a los reclamos, desde el Ejecutivo presentaron un recurso federal extraordinario para que el caso se eleve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Recurso Extraordinario Federal (REF) es una herramienta procesal excepcional que permite a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina revisar sentencias definitivas de tribunales inferiores cuando se cuestiona la interpretación de la Constitución Nacional, tratados internacionales o leyes federales.
En caso de que el tribunal rechace el Recurso Extraordinario Federal, en tanto, la Casa Rosada podría interponer un recurso de queja por denegación del REF directamente ante la CSJN.
Antecedentes
El oficialismo ya había intentado frenar una iniciativa similar en 2024, pero no logró evitar la sanción de la ley ni revertir el veto presidencial en 2025. La posterior judicialización terminó consolidando la obligación de pago.
La definición final dependerá del avance judicial en la Corte y de la capacidad del Ejecutivo para gestionar un impacto fiscal que, según admiten en el propio Gobierno, puede alterar el equilibrio de las cuentas públicas.
