El juez Sebastián Argibay se declaró incompetente en la causa contra Tapia y la cúpula de la AFA El juez Sebastián Argibay se declaró incompetente en la causa contra Tapia y la cúpula de la AFA
El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, desestimó el requerimiento presentado por el fiscal Pedro Simón, en el que se solicitaban medidas contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. En la misma resolución, el magistrado declaró la incompetencia de su juzgado y dispuso el envío de las actuaciones al juzgado federal de Campana.
En su resolución, Argibay señaló que, de acuerdo con la descripción del Ministerio Público Fiscal, el presunto perjuicio patrimonial tendría como principal sujeto a la Asociación del Fútbol Argentino, entidad con domicilio legal en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. En ese marco, consideró que la causa debía tramitarse en otra jurisdicción.
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El juez también indicó que el planteo fiscal no describe un hecho específico, sino una exposición de carácter general sobre relaciones económicas y societarias, sin la identificación de un acontecimiento concreto que permita su verificación y análisis jurídico.

Asimismo, sostuvo que el requerimiento no individualiza actos de disposición patrimonial con el grado de precisión necesario ni detalla operaciones específicas que permitan establecer con claridad los hechos investigados.
Fuentes vinculadas a la fiscalía informaron que la decisión será apelada ante la Cámara Federal de Tucumán.

El requerimiento del fiscal había planteado la existencia de una presunta asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero que, según la investigación, se habrían iniciado en 2018. De acuerdo con esa hipótesis, los fondos tendrían origen en una presunta defraudación a la AFA, en la omisión del pago de tributos al fisco nacional mediante facturación presuntamente irregular, y en operaciones vinculadas a la compra de divisas fuera del mercado formal.
En la causa se encuentran imputadas 26 personas, entre ellas allegados a Toviggino, profesionales vinculados y otras personas físicas relacionadas con operaciones investigadas. Según el planteo fiscal, las maniobras incluían la utilización de sociedades para canalizar fondos, la emisión de facturación entre empresas y la posterior adquisición de bienes, entre ellos inmuebles, vehículos y otros activos.










