El organismo, a cargo de Luis Ger, expresó su preocupación y rechazo ante la falta de implementación de la Ley 27.793 y advirtió sobre el impacto en miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Discapacidad: fuerte reclamo de la Defensoría por el incumplimiento de la ley de emergencia Discapacidad: fuerte reclamo de la Defensoría por el incumplimiento de la ley de emergencia
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero emitió un duro comunicado en el que manifestó su "más profunda preocupación y enérgico rechazo" frente al incumplimiento, por parte del Gobierno Nacional, de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), que se encuentra vigente y es de cumplimiento obligatorio.
Desde el organismo señalaron que resulta "institucionalmente inadmisible" que, pese a haber sido ratificada por el Congreso de la Nación, la normativa no esté siendo aplicada en su totalidad, lo que deja a miles de personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad.
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En ese sentido, remarcaron que las personas con discapacidad no pueden esperar para acceder a tratamientos, percibir sus pensiones ni vivir con dignidad. Sin embargo, advirtieron una serie de irregularidades que agravan el escenario: demoras en los pagos a prestadores, desfinanciamiento del sistema, incertidumbre en torno a las pensiones y la promoción de iniciativas que restringen derechos ya adquiridos.
"Esto no es un error administrativo. Esto es una decisión política", enfatizaron desde la Defensoría.
Asimismo, el organismo alertó que el incumplimiento de una ley vigente constituye una violación al Estado de Derecho y a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. También consideraron alarmante que se impulsen proyectos que endurecen requisitos, limitan el acceso a derechos y redefinen el concepto de discapacidad bajo criterios más restrictivos.
En el comunicado, la Defensoría fue contundente: "No hay equilibrio fiscal posible si se construye sobre la vulneración de derechos humanos. No hay política legítima cuando se abandona a los más débiles. La discapacidad no es un gasto. Es una responsabilidad indelegable del Estado".
Finalmente, el organismo exigió la inmediata implementación plena de la Ley 27.793, la regularización urgente de pagos, la garantía de las pensiones y el cese de toda iniciativa regresiva. Además, advirtió que continuará utilizando todas las herramientas institucionales y legales para evitar que los derechos de las personas con discapacidad sean vulnerados o negociados.
