Informe de gestión. Adorni evitó responder sobre su patrimonio: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"

Manuel Adorni presentó este miércoles su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El discurso del jefe de Gabinete tuvo eje en la economía y las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei. Anticipándose a los cuestionamientos de la oposición, - como ya lo había hecho por escrito - se amparó en respuestas breves que se limitaron a remitir a información "reservada" o a expedientes judiciales en trámite. "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", afirmó Adorni.

Antes de su aclaración, dijo que "estas cuestiones exceden la marcha del Gobierno y las razones por las que hoy debo hablar ante esta Cámara", pero dijo que las responde para seguir con la línea de "transparencia" que caracteriza a su espacio político.

El primer eje de tensión fueron sus bienes. Legisladores de la oposición le pidieron explicaciones por la presunta omisión de propiedades en su última declaración jurada patrimonial. En particular, mencionaron un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito donde actualmente reside el funcionario.

La respuesta oficial evitó dar precisiones. Adorni señaló que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar están incluidos en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública. Ese documento -indicaron- solo puede ser consultado por la Justicia, que ya interviene en la causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2026.

El anexo reservado al que remite el funcionario fue presentado con demoras. Bettina Angeletti, la mujer de Adorni,compró una casa en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.

De esta manera, en su presentación escrita, Adorni no explicó públicamente ni la composición de su patrimonio ni el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones, y derivó las respuestas al ámbito judicial.

Sobre el traslado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026, realizado en un avión privado, Adorni tampoco sumó precisiones. El informe evitó confirmar quién financió el viaje bajo el argumento de que se trata de un asunto personal del funcionario.

Las preguntas se dieron por la inconsistencia en la que incurrió el jefe de Gabinete: mientras Adorni aseguró haber costeado los pasajes de su familia, el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el pago fue realizado por el empresario Marcelo Grandío.

Ante esa contradicción, el informe se limitó a señalar que el Estado "no registra ningún pago de costos" sobre traslados personales del funcionario, al considerarlos erogaciones privadas. También indicó que no existen registros de viajes financiados por terceros ante la Oficina Anticorrupción.

En paralelo, la oposición indagó sobre el vínculo con Grandío y la posible existencia de contratos con el Estado -en particular con la TV Pública- que pudieran generar un conflicto de interés. La respuesta de Adorni fue tajante en ese punto: negó la existencia de contrataciones entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y el empresario y remitió a respuestas previas, sin aportar documentación adicional.

Como complemento, el jefe de Gabinete utilizó un argumento institucional para acotar el alcance de las preguntas. Sostuvo que las consultas vinculadas a hechos ocurridos durante su etapa como vocero presidencial -incluidos algunos de los viajes y encuentros cuestionados- no corresponden a su rol actual y, por lo tanto, no deben ser respondidas en el marco del informe de gestión.

El caso $LIBRA

El jefe de Gabinete también eludió precisiones sobre la causa de la criptomoneda $LIBRA que investiga una presunta megaestafa en la que estaría involucrado el presidente Javier Milei. "Los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas. Se señala además que, varias preguntas se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados", respondió Adorni, relativizando de alguna manera el impacto del caso.

Adorni puso además en duda la pericia sobre el teléfono de Mauricio Novelli, uno de los impulsores locales del criptoactivo y quien tuvo una relación cercana con Milei. También rechazó que haya existido un contrato o un acuerdo entre el Presidente y los creadores del proyecto. "No existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza", dijo el jefe de Gabinete.

Coimas en la ANDIS

Como en las respuestas que presentó sobre su patrimonio, Adorni recurrió a la misma estrategia para hacer frente a las consultas sobre las acusaciones de sobreprecios y fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). "Los hallazgos fueron y siguen siendo remitidos al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 del Dr. Picardi, donde se encuentra en trámite la causa judicial en el marco de la cual los hechos denunciados están bajo investigación", se limitó a responder el funcionario.

Desde el Gobierno, hicieron un detalle temático sobre las respuestas de Adorni. En el comunicado, se indica que el 20% se refieren a asuntos económicos (deuda, FMI, reservas, tarifas y programa macroeconómico); un 15 % a salud (medicamentos, hospitales y prestaciones); un 13% a temas de seguridad (narcotráfico, fuerzas federales y delitos); un 12% a políticas sociales (alimentos y asistencia); un 12% a asuntos de Justicia (vacantes de cargos); un 9% sobre seguridad social (Anses, jubilaciones y pensiones); un 8% sobre Defensa (reequipamiento de las Fuerzas Armadas y la crisis de la obra social militar); un 6% sobre educación, con eje en los presupuestos y universidades, y un 5% temas personales y judiciales.