El gendarme argentino declaró ante la Justicia tras pasar 448 días detenido y apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos.
Nahuel Gallo denunció torturas en Venezuela y pidió justicia: "No voy a quedarme callado" Nahuel Gallo denunció torturas en Venezuela y pidió justicia: "No voy a quedarme callado"
El gendarme argentino Nahuel Gallo denunció ante la Justicia Federal las torturas que aseguró haber sufrido durante su detención en Venezuela y afirmó que decidió hablar para visibilizar lo ocurrido y exigir justicia.
"Dar este paso me costó mucho. Volver a esos momentos duele, pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad", expresó el uniformado tras prestar declaración, en la que relató por primera vez su experiencia en cautiverio.
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Gallo sostuvo que su testimonio no es un caso aislado, sino parte de una práctica sistemática. En ese sentido, aseguró que en el país caribeño se siguen registrando hechos de tortura y violaciones a los derechos humanos.
Más de un año detenido
Según consta en la causa, el gendarme fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 y permaneció privado de su libertad hasta el 2 de marzo de 2026, cuando fue liberado y regresó a la Argentina tras 448 días de detención.
Durante ese período, denunció haber estado incomunicado, sin acceso a defensa legal ni asistencia consular, en un contexto que fue cuestionado por el Gobierno argentino como una grave vulneración de derechos fundamentales.
"Soy inocente y este es el momento de exigir justicia, por mí y por todos los que pasaron por lo mismo", afirmó.
Su rol en la causa contra Maduro
El testimonio de Gallo se incorporó a la investigación que lleva adelante la Justicia argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro.
El gendarme ya se había presentado como querellante en ese expediente y solicitó ser reconocido como víctima directa. Su declaración es considerada clave para avanzar en la reconstrucción de posibles violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La causa, iniciada a partir de denuncias de organizaciones civiles, se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite investigar delitos graves aun cuando hayan ocurrido fuera del país.
En ese marco, la Justicia argentina ya dispuso medidas de prueba y avanza en el análisis de posibles responsabilidades dentro de la estructura del gobierno venezolano.
