El operativo se llevó a cabo cerca de la ciudad de Añatuya. Intervino el Juzgado Federal de Santiago.
Hallan 75 trabajadores, entre ellos menores, en condiciones precarias Hallan 75 trabajadores, entre ellos menores, en condiciones precarias
Una amplia intervención interinstitucional dejó al descubierto un presunto caso de explotación laboral en el ámbito rural de Añatuya.
El operativo, llevado adelante de manera conjunta por distintos organismos nacionales y provinciales, permitió detectar a 75 trabajadores en condiciones irregulares, entre ellos varios menores de edad.
También te puede interesar:
La inspección se realizó en un establecimiento agropecuario de la zona y encendió nuevas alertas sobre la vulneración de derechos laborales en contextos de informalidad, poniendo el foco en la necesidad de reforzar los controles y las políticas de protección.
La inspección se concretó en el establecimiento rural San Felipe, donde el personal detectó a 21 trabajadores que desempeñaban sus tareas en condiciones de absoluta precariedad.
Lo más grave del hallazgo fue la presencia de dos adolescentes, lo que motivó la intervención inmediata de los organismos encargados de la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Según el acta de fiscalización, ninguno de los empleados estaba registrado y todos percibían remuneraciones significativamente inferiores a las establecidas por la escala salarial vigente.
Durante el relevamiento de un segundo predio, se identificó a un grupo de 54 trabajadores, de los cuales solo uno contaba con el alta correspondiente y los beneficios de ley.
Esta estadística revela que el 98% del personal en dicho establecimiento operaba "en negro", desprovisto de aportes jubilatorios, obra social o seguros de riesgo de trabajo.
Las condiciones de habitabilidad y seguridad también fueron cuestionadas por los técnicos, quienes describieron un panorama de desprotección total frente a las exigencias físicas de la actividad rural.
Ante la magnitud de las irregularidades constatadas, se labraron las actas de infracción correspondientes. Actualmente, la Justicia Federal y los organismos competentes intervienen para determinar las responsabilidades penales y administrativas de los propietarios de los campos, bajo posibles cargos de explotación laboral y violación a las leyes de prohibición del trabajo infantil.
