Los acusados fueron hallados culpables de someter a una adolescente a un "matrimonio infantil" forzado, servidumbre doméstica y abusos. El fallo del Tribunal Federal de San Juan incluyó una reparación histórica de 75 millones de pesos para la víctima.
San Juan: tres personas recibieron 10 años de prisión por trata vinculada a matrimonio infantil San Juan: tres personas recibieron 10 años de prisión por trata vinculada a matrimonio infantil
El Tribunal Oral Federal de San Juan, a cargo del juez Daniel Roffo, dictó una sentencia ejemplar contra Alberto Cristo (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco. Los tres fueron condenados a diez años de prisión por el delito de trata de personas agravada. La justicia determinó que el grupo familiar captó y explotó a una joven desde que tenía 13 años hasta los 16.
Además de la pena de cárcel, se fijó una reparación económica de 75 millones de pesos y el decomiso de los bienes utilizados en el delito. Un punto clave de la sentencia es la orden de comunicar el fallo en "lenguaje claro" a las comunidades gitanas de San Juan y Santa Fe, para dejar sentado que las tradiciones culturales no pueden estar por encima de los derechos humanos.
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Crónica de un calvario
La investigación, impulsada por diversas áreas del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la PROTEX, reconstruyó una historia de violencia sistemática que comenzó en 2022:
La "compra" de la víctima: Los padres de Franco Cristo entregaron 825 mil pesos a los progenitores de la adolescente (entonces de 13 años) para concretar una unión forzada en Neuquén.
Explotación y abusos: La joven fue trasladada a Santa Fe, donde fue sometida a servidumbre doméstica y laboral. Se la obligaba a realizar venta ambulante bajo cualquier clima y a entregar todo el dinero recaudado. En ese contexto, sufrió abusos sexuales por parte de Franco Cristo, quedando embarazada.
Violencia física: El testimonio de la víctima reveló un régimen de terror que incluía golpes, insultos y quemaduras con cigarrillos y agua caliente.
El fin del sometimiento llegó en abril de 2025 en San Juan. Tras un intento de los condenados por secuestrar nuevamente a la joven y a su hijo —quienes habían logrado refugiarse con la familia de origen de ella—, la víctima intentó escapar a pie en una estación de servicio en Caucete. Gracias a la denuncia de testigos al 911 y al seguimiento de las cámaras de seguridad, la policía logró interceptar la camioneta y rescatar a la mujer y al niño.
Cultura vs. Derechos Humanos
Uno de los pilares del alegato fiscal, liderado por Fernando Alcaraz y Alejandra Mángano, fue desarticular la defensa basada en los "usos y costumbres" de la comunidad gitana.
"El matrimonio infantil está prohibido por tratados internacionales. Ninguna práctica cultural puede justificar la violación de derechos fundamentales ni la explotación de menores", sostuvieron desde la fiscalía.
La justicia hizo hincapié en la vulnerabilidad interseccional de la víctima: por ser mujer, menor de edad, pertenecer a una minoría y vivir en un contexto de pobreza estructural, factores que los acusados aprovecharon para anular su voluntad durante años, detalla el portal de Fiscales.gob.ar.
