Crisis y alerta en PAMI: prestadores lanzan un bono solidario para evitar cierres masivos ante el default

El relato del Gobierno nacional, que celebra el ordenamiento de las variables macroeconómicas, encontró un límite en la salud pública y privada. A pesar de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró en el Congreso que la crisis con los prestadores del PAMI concluyó, la realidad en los pasillos médicos y en las salas de internación expuso un escenario de virtual cesación de pagos. La asfixia financiera a la obra social de los jubilados tensó al límite el funcionamiento de clínicas y farmacias a lo largo del país. Este ahogo puso en situación de quiebra a las empresas del sector, "en riesgo el empleo de todos los trabajadores, de las proveedoras y la continuidad de la atención médica" para la franja más vulnerable de la sociedad.

Para comprender la magnitud del descalce, es necesario observar la mecánica histórica de facturación, que hoy se encuentra rota. El circuito administrativo impone que los centros de salud facturen sus prestaciones el día 15 del mes siguiente al servicio brindado, para luego someterse a un proceso de auditoría que demora 45 días. Recién en el último día hábil de ese período se aprueba el importe, que finalmente se abona el día 15 del mes posterior.

Esta dinámica implica un plazo de cobro que oscila sistemáticamente entre los 85 y los 105 días. Bajo este esquema extendido, al momento de percibir los fondos, los sanatorios ya amortizaron con capital propio los salarios, los honorarios médicos y los insumos. Hoy, esa rueda financiera se detuvo. 

La interrupción de esta cadena de pagos, denunciada por las empresas y hospitales públicos, no obedece únicamente a una estrategia de contención de caja. Fuentes gremiales del PAMI denunciaron un vaciamiento de personal en la Gerencia de Administración de Prestaciones (GAP), específicamente en el sector de Auditoría. El desmantelamiento operativo incluyó la reasignación de técnicos y arquitectos a otras dependencias, y una invitación para que los empleados pidan su traspaso a distintas agencias.

La consecuencia directa de este vaciamiento es la paralización de los expedientes: hay prestadores que llevan más de dos meses sin auditorías bajo la excusa oficial de una "falta de presupuesto". Sin este paso, no hay liquidación, y el impago se perpetúa.

Esta parálisis administrativa se agrava al analizar los montos que abona el organismo. El "Valor de la Cápita PAMI" actual se fijó en apenas $13.894,23 por afiliado. Si bien no todos los jubilados se atienden al mismo tiempo, el solo uso del sistema para una internación o intervención equivale rápidamente a unos USD 1.000, una cifra que expone la brecha con los ingresos de los prestadores. El descuido de la atención primaria lleva a que la prevención deje de existir y se multipliquen las atenciones de urgencia, un factor que promete colapsar el sistema.

Frente a la inminencia de un colapso y la imposibilidad de hacer frente a los salarios, el sindicato de la sanidad (FATSA) y dueños de algunas clínicas acordaron implementar un "bono solidario" optativo de $10.000. Este instrumento, que se pondrá en marcha en los próximos días, funcionará también como un elemento de presión social para visibilizar la "situación crítica" originada por la "falta de pago por parte del INSSJP – PAMI".

Bono solidario optativo

Los directivos argumentaron la necesidad de "solicitar la colaboración de la comunidad" y afirmaron que lo recaudado será "destinado exclusivamente al pago parcial de los salarios del personal y de los profesionales médicos que sostienen las guardias".

"Necesitamos sostener nuestros ingresos y nuestras familias mientras se aguarda la regularización de los pagos", expresaron los trabajadores. Los sanatorios asumieron el compromiso de que "el importe será reintegrado por el prestador al afiliado, dentro de las 72 horas posteriores a la cancelación de las facturas adeudadas por parte del PAMI".