Para el Gobierno, el fallo de la Corte no es un revés: "Fue un buen gesto"

Pese al rechazo de la Corte Suprema al recurso de per saltum, el Gobierno optó por no interpretar la medida como un revés político. Por el contrario, en el Poder Ejecutivo consideran el fallo un "buen gesto" debido a la celeridad de la respuesta. Argumentan que, dado que el pedido original se realizó cuando la ley tenía más de 80 artículos suspendidos —situación que ya se revirtió con la norma nuevamente en vigencia—, el escenario judicial actual es favorable y sustancialmente distinto.

"Ahora que está vigente, no tenía sentido que siga el planteo, pero tampoco íbamos a desestimarlo por un tema de formas", expresan en el oficialismo. En la Casa Rosada argumentan que la presentación que la Procuración del Tesoro hizo el 16 de abril tenía lógica en un contexto en el que el juez laboral Raúl Ojeda había frenado parte central de la ley, pero que perdió urgencia después de que la Cámara del Trabajo le otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado y restableció la operatividad de la reforma.

En Balcarce 50 quedaron conformes con que el expediente continúe en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia del Trabajo, una definición que consideran "más consistente con la naturaleza del caso" porque se discute la validez de una ley del Congreso y la actuación del Estado nacional, informó el sitio TN.

La Corte sostuvo que el recurso era "inadmisible" porque, a su juicio, no estaban dados los requisitos del artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, la vía excepcional que habilita el salto de instancia en supuestos de notoria gravedad institucional y necesidad de una solución definitiva urgente. En términos prácticos, el tribunal cerró la posibilidad de una intervención inmediata y devolvió el expediente a su recorrido ordinario.

En el Gobierno afirman que esa definición rápida aporta "seguridad jurídica" en un expediente que venía acumulando cautelares, recusaciones y disputas de competencia. La reforma laboral fue sancionada el 27 de febrero y publicada el 6 de marzo como Ley 27.802. Además, en los últimos días Nación avanzó con una parte de la reglamentación de la reforma junto con una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene en paralelo abierto el frente judicial y rechaza la postura del oficialismo sobre el reordenamiento del expediente. En el sindicalismo sostienen que el conflicto sigue ligado a derechos laborales concretos y cuestionan que la discusión salga del fuero laboral, mientras que el Ejecutivo insiste en que el eje de la causa es federal y que la disputa de competencia ya quedó saldada.