La Justicia federal les impuso penas de 12 y 8 años de prisión por captar y explotar a mujeres vulnerables mientras operaban desde el penal de Villa Urquiza.
Cayó una organización de explotación sexual que operaba desde una cárcel en Tucumán Cayó una organización de explotación sexual que operaba desde una cárcel en Tucumán
La Justicia federal de Tucumán condenó a un interno y a una mujer acusados de dirigir una red de explotación sexual desde el interior de una cárcel provincial. Ambos fueron hallados responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en perjuicio de ocho mujeres.
El principal acusado, Walter Ayala, ya cumplía una condena previa por trata de personas y, según la investigación, coordinaba las maniobras delictivas desde la Unidad N°1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza utilizando teléfonos celulares prohibidos.
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La otra imputada, Alejandra Galván, fue señalada como la encargada de supervisar de manera presencial el funcionamiento de los departamentos donde se concretaban los encuentros sexuales.
En el marco de un juicio abreviado, ambos reconocieron su responsabilidad y fueron condenados por la jueza federal Carina Farías. Ayala recibió una pena de 12 años de prisión, mientras que Galván fue sentenciada a 8 años.
Cómo funcionaba la organización
La investigación determinó que la red operó entre diciembre de 2021 y abril de 2023 en distintos departamentos de San Miguel de Tucumán, donde eran explotadas mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social.
Según la causa, Ayala utilizaba celulares dentro del penal para coordinar horarios, precios, distribución de mujeres y modalidades de atención a clientes. Además, controlaba publicaciones de ofrecimientos sexuales en sitios web y supervisaba fotos y videos utilizados para promocionar los servicios.
Durante distintos allanamientos realizados en la celda del acusado se secuestraron dispositivos electrónicos, anotaciones con registros de recaudación y datos vinculados a la explotación sexual.
Por su parte, Galván se encargaba de recaudar el dinero, controlar la actividad diaria en los departamentos y coordinar ingresos y reemplazos de mujeres.
La fiscalía también acreditó que algunas víctimas eran obligadas a enviar fotos y videos de contenido sexual y realizar videollamadas íntimas bajo un contexto de sometimiento y control.
Millonaria reparación económica para las víctimas
A pedido de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, la Justicia ordenó además una reparación económica integral de más de 130 millones de pesos para las víctimas.
El monto contempla las ganancias obtenidas ilegalmente por los condenados, el daño moral y el lucro cesante sufrido por las mujeres explotadas, conforme a la legislación vigente sobre trata de personas.
