El Congreso aprobó una ley que permite al presidente Rodrigo Paz recurrir al Ejército para despejar rutas cortadas por manifestantes. La medida llega en medio de una creciente tensión social, escasez de combustibles y reclamos que ya incluyen la renuncia del mandatario.
La crisis se agrava en Bolivia y el Gobierno queda habilitado para intervenir con fuerzas militares La crisis se agrava en Bolivia y el Gobierno queda habilitado para intervenir con fuerzas militares
Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. En medio de protestas que llevan más de un mes y mantienen bloqueadas decenas de rutas en todo el país, el Congreso dio luz verde al presidente Rodrigo Paz para que utilice a las Fuerzas Armadas en las tareas de desbloqueo, una decisión que marca un nuevo capítulo en la crisis política y económica que sacude a la nación andina.
La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados tras una extensa sesión legislativa y ya contaba con el respaldo previo del Senado. Con esta autorización, el Ejecutivo queda habilitado para ampliar la participación militar en los operativos destinados a restablecer la circulación en distintos puntos estratégicos del país.
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Las manifestaciones son encabezadas por diversos sectores sociales, entre ellos campesinos, mineros y transportistas, que inicialmente reclamaban mejoras económicas, pero que con el paso de las semanas endurecieron su postura y comenzaron a exigir la salida del presidente.
Los cortes de rutas afectan severamente el abastecimiento en varias regiones. Las ciudades de La Paz y El Alto son las más perjudicadas por la falta de combustibles, alimentos y medicamentos, aunque otras zonas del país también registran dificultades para garantizar el suministro de productos esenciales.
Mientras tanto, el Gobierno analiza la posibilidad de avanzar con la declaración de un estado de excepción. Esa medida permitiría una mayor intervención de las Fuerzas Armadas y la aplicación de restricciones temporales a derechos vinculados con la movilización y las reuniones públicas.
Uno de los puntos más discutidos de la ley aprobada establece que los efectivos militares que actúen durante un eventual estado de excepción contarán con una "presunción de legalidad" en el cumplimiento de sus funciones. Además, el Estado deberá garantizar su defensa jurídica ante posibles denuncias derivadas de los operativos.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que esta protección es necesaria para que las fuerzas de seguridad puedan actuar sin temor a posteriores procesos judiciales. El debate estuvo atravesado por antecedentes recientes de Bolivia, donde militares fueron juzgados por hechos ocurridos durante conflictos políticos registrados en años anteriores.
La tensión también se reflejó durante el fin de semana en la región de Santa Cruz, donde enfrentamientos entre manifestantes y efectivos antimotines dejaron varios heridos. Las protestas continúan activas en numerosos puntos del territorio, con bloqueos instalados mediante piedras, troncos y otros obstáculos.
