La administración de Javier Milei avanza en una recomposición salarial y presupuestaria para las casas de estudio, pero mantiene su intención de reformular el esquema de financiamiento durante el debate del Presupuesto 2027.
El Gobierno mantiene su plan de reformar el financiamiento universitario pese al acercamiento con rectores El Gobierno mantiene su plan de reformar el financiamiento universitario pese al acercamiento con rectores
Mientras continúan las negociaciones con las universidades nacionales para mejorar salarios y reforzar partidas presupuestarias, el Gobierno nacional ratificó que buscará reabrir la discusión sobre el sistema de financiamiento universitario a través de una nueva iniciativa legislativa.
La estrategia oficial apunta a incorporar ese debate en el tratamiento del Presupuesto 2027, con el objetivo de redefinir el esquema de asignación de recursos para las casas de estudio y evitar que la discusión se tramite mediante una ley específica, como ocurrió en ocasiones anteriores.
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La postura del Ejecutivo se mantiene incluso cuando está próximo a cerrarse un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas del país. Sin embargo, el entendimiento económico no implicará el cierre del frente judicial abierto entre ambas partes.
Desde el ámbito universitario dejaron en claro que la firma de un acta acuerdo no significará retirar la demanda que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia. El reclamo apunta a garantizar la aplicación de la actual Ley de Financiamiento Universitario, cuestionada por el Gobierno.
En la Casa Rosada sostienen que la normativa vigente presenta un problema estructural porque incrementa el gasto público sin establecer de manera explícita cuáles serán las fuentes de financiamiento para afrontar esos compromisos. Por esa razón, consideran que cualquier modificación debe discutirse dentro del marco general del presupuesto nacional.
En paralelo, las conversaciones entre el Gobierno y los rectores avanzan sobre un esquema de recomposición para el sistema universitario. La propuesta contempla una mejora salarial acumulada superior al 24%, distribuida en distintas etapas durante 2026.
El plan incluye una actualización de los haberes docentes y no docentes, mecanismos periódicos de negociación paritaria y una revisión destinada a evitar nuevos desfasajes frente a la inflación.
Además, el acuerdo prevé una mejora en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades públicas, recursos adicionales para hospitales universitarios y un incremento en las Becas Manuel Belgrano, uno de los programas de asistencia económica para estudiantes.
Uno de los puntos que las autoridades universitarias consideran centrales es la reactivación regular de las negociaciones salariales. La propuesta establece que las reuniones paritarias no podrán espaciarse más de tres meses, una demanda que los gremios vienen planteando desde hace tiempo.
A pesar del acercamiento entre las partes, el Gobierno no modificó su visión sobre el modelo de financiamiento aprobado por el Congreso. En Balcarce 50 sostienen que la discusión debe formar parte de una planificación integral de las cuentas públicas, especialmente en un contexto en el que la administración nacional busca preservar el equilibrio fiscal.
El debate también se da luego de recientes ajustes presupuestarios implementados por el Ejecutivo, que incluyeron reducciones en diversas áreas del Estado, entre ellas educación y programas vinculados a universidades nacionales.
Con este escenario, el acuerdo que se negocia aparece como una vía para aliviar el conflicto en el corto plazo, aunque la discusión de fondo sobre cómo financiar el sistema universitario argentino seguirá abierta y promete volver a ocupar un lugar central durante la elaboración del próximo presupuesto nacional.
