La Policía Federal detectó cientos de documentos históricos vinculados a destacados próceres nacionales, entre ellos José de San Martín, Juan Manuel de Rosas y Juan Martín de Pueyrredón.
Recuperan más de 200 documentos históricos valuados en 100 mil dólares, puestos a la venta Recuperan más de 200 documentos históricos valuados en 100 mil dólares, puestos a la venta
En las últimas horas, la Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a algunos de los principales próceres nacionales en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de bienes culturales.
Algunos de los nombres más importantes de la construcción del país, entre ellos el general José de San Martín. También aparecieron documentos relacionados con Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
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No se trata solamente de papeles antiguos. Son cartas, escritos y registros que ayudan a reconstruir parte de la historia argentina y que, por su valor patrimonial, están protegidos por la ley.
La causa se originó a partir de las tareas de control que el Estado realiza sobre sitios de compra, venta y subastas online para detectar posibles maniobras vinculadas al tráfico de bienes culturales.
En ese seguimiento apareció una publicación de una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires, que ofrecía un lote compuesto por más de 200 piezas históricas por un valor inicial de 100 mil dólares.
Entre los objetos había cartas, fotografías, libros y recortes periodísticos relacionados con distintas instituciones y organismos nacionales y provinciales. Pero el dato más llamativo era la presencia de documentos vinculados a José de San Martín y a otros protagonistas centrales de la historia argentina.
Más allá del secuestro del material, la principal incógnita sigue siendo otra: cómo documentos que forman parte del patrimonio histórico argentino terminaron siendo ofrecidos en una subasta privada.
Con las pruebas reunidas, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, que ordenó el secuestro del material y su traslado para que sea preservado mientras avanzan las pericias.
Ahora la Justicia deberá determinar de dónde provino cada pieza, quiénes las tenían en su poder y si existen otras colecciones históricas en una situación similar.
