Prisión preventiva para dos bolivianos por una nave ligada a Santiago

La Justicia de Tartagal, Salta, imputó a dos ciudadanos bolivianos acusados de realizar un vuelo sin la debida habilitación e intentar contrabandear una avioneta Cessna 210, desde el aeródromo salteño de General Mosconi, procedente de Santiago del Estero.

Ello se desliza del plan de vuelo, según señaló en audiencia la fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada.

Los acusados son C.M.P., piloto de 46 años, y D.M.A., de 40. En línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva por el término de 80 días.

Están acusados como coautores de efectuar funciones aeronáuticas sin habilitación, conforme lo establece el artículo 221 del Código Aduanero que prevé una pena de entre 6 meses y 4 años de prisión.

También se les atribuyó la coautoría de la tentativa del contrabando de importación calificado por la utilización de un medio de transporte aéreo que se aparte de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de mercaderías y por el valor de la mercadería.

La investigación de la fiscal federal Orsetti se inició el 9 de julio por personal de seguridad del Aeródromo "General Enrique Mosconi", Salta, 7 kilómetros al sur de Tartagal, respecto de una maniobra aérea irregular.

La fiscal describió que en la mañana aterrizó una avioneta Cessna 210, que provendría de Paraná, Entre Ríos, aunque el plan de vuelo autorizado señalaba que provenía de Santiago del Estero.

Por la tarde, aparecieron los dos acusados. Sin permiso, los dos bolivianos abordaron la avioneta y realizaron un vuelo por 35 minutos. Después, aterrizaron y se marcharon. Los dos hombres subieron a un remís y se dirigieron a un hotel, donde se alojaban desde el 30 de junio en la habitación 103.

La fiscal encomendó a la Gendarmería tareas de investigación que culminaron con allanamientos y las detenciones de C.M.P. y D.M.A.

Los sujetos fueron apresados en un control apostado sobre el kilómetro 1423 de la Ruta Nacional 34, en el acceso al aeroclub Vespucio, de General Mosconi.

En su poder tenían las llaves de la avioneta, dos mochilas con vestimenta, documentación personal, tres bidones de 30 litros cada uno y tres celulares.

Además, se revisó la avioneta Cessna 210 -valuada en U$S 150.000 y que permanece secuestrada bajo custodia de la Gendarmería.

Paso ilegal e intento de contrabando de avioneta

La fiscal Orsetti destacó que ambos hombres ingresaron a la República Argentina a través de un paso migratorio no autorizado.

También se refirió a que, en los celulares se hallaron diversas conversaciones de interés y videos del vuelo realizado y de otras aeronaves que les eran ofrecidas.

Sobre la base de las constancias de la investigación, la fiscal les imputó haber realizado el vuelo sin habilitación y el intento de contrabando de la aeronave.

Además, le solicitó al juez Montoya que convalidara el registro del cuarto de hotel en que se alojaron y el filtrado preliminar (triage) de la información hallada en los celulares, que fuera autorizada vía WhatsApp al momento de la detención.

También requirió que el plazo de la investigación preliminar preparatoria se extendiera por 80 días, al igual que la prisión preventiva de los acusados por carecer de arraigo en el país y ante el riesgo de fuga y la gravedad del delito atribuido.

Por su parte, el defensor de los dos imputados, Rambert Alexis Ríos, coincidió con la Fiscalía en cuanto a la imputación por la realización del vuelo sin habilitación, aunque rechazó la atribución de responsabilidad respecto de la tentativa de contrabando de la avioneta. Asimismo, solicitó que la investigación preliminar y la medida privativa de libertad de sus asistidos se redujeran a 30 días.

Tras consultarle a los imputados si deseaban declarar —quienes se negaron por consejo de la defensa— el juez Montoya hizo lugar a la imputación formulada por la Fiscalía y convalidó las medidas jurisdiccionales y la prisión preventiva en los términos solicitados por la representante del MPF.