Un tribunal de Nuevo México sumó una multa de US$ 567 millones a la condena previa de marzo y ordenó límites estrictos al uso de Instagram y Facebook. La compañía anunció que apelará la medida.
Condenan a Meta a pagar US$ 942 millones por dañar la salud mental de menores en EE.UU. Condenan a Meta a pagar US$ 942 millones por dañar la salud mental de menores en EE.UU.
Un tribunal del estado de Nuevo México emitió un fallo histórico contra Meta por perjudicar la salud mental de niños y adolescentes a través de sus plataformas. El juez Bryan Biedscheid determinó que la firma matriz de Facebook e Instagram creó una "molestia pública" y le ordenó destinar US$ 567 millones a un fondo de salud mental infantil. La cifra se suma a los US$ 375 millones fijados en marzo por un jurado tras comprobarse prácticas "injustas y engañosas", alcanzando un total de US$ 942 millones en sanciones.
"La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", expresó el fiscal general Raúl Torrez, promotor de la demanda iniciada en 2023.
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Además del impacto económico, la resolución judicial impone durante cinco años restricciones operativas sin precedentes en el estado para los usuarios menores de 18 años: un tope de uso de 90 horas mensuales, cuentas configuradas en modo privado por defecto, notificaciones silenciadas durante el horario escolar, la eliminación inmediata de perfiles de menores de 13 años y la prohibición absoluta de interacciones románticas o sexualizadas con adultos y chatbots de inteligencia artificial.
Por su parte, la empresa tecnológica rechazó el fallo y confirmó que recurrirá la sentencia. "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", indicó un vocero de Meta a través de un comunicado oficial.
El fallo marca un precedente clave al ser el primer caso en Estados Unidos donde la Justicia exige a una gran compañía tecnológica el rediseño directo de sus productos, sentando un estándar que es seguido de cerca por más de 40 estados y 1.300 distritos escolares con demandas de tenor similar.
