Una mujer de Mar del Plata pagó más de $1,1 millones por una Peugeot 5008 que debía recibir en 30 días, pero la agencia comenzó a dar excusas y jamás concretó la operación. Ahora deberá recibir una compensación que supera los $99 millones, más intereses.
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Una compra de una camioneta que parecía sencilla terminó en una larga disputa judicial para una mujer de Mar del Plata. En 2018, Valeria encontró por internet una Peugeot 5008 Allure Plus THP Tiptronic y decidió avanzar con la operación a través de una agencia que se presentó como intermediaria en la comercialización de vehículos.
La operación comenzó en septiembre de ese año, cuando la mujer tomó contacto con un supuesto representante de Next Car SRL, una empresa con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Para reservar la unidad, realizó una entrega inicial de $126.000 y presentó la documentación que le habían solicitado.
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Posteriormente, transfirió otros $1.044.900 a una cuenta bancaria perteneciente a la firma. La promesa era que la camioneta sería entregada en un plazo breve.
Pero después de recibir el dinero, la empresa comenzó a postergar la entrega con distintos argumentos relacionados con la disponibilidad del vehículo. En un momento, ambas partes suscribieron un compromiso para que la unidad fuera entregada dentro de 30 días. Incluso, tras un cambio de modelo, el plazo se redujo a 10 días.
La camioneta, sin embargo, nunca apareció.
Para entonces, la mujer ya había vendido su vehículo anterior, por lo que quedó obligada a utilizar remises y afrontar gastos adicionales para trasladarse. La situación también la llevó a investigar a la empresa con la que había realizado la operación y descubrió que existían otras denuncias por presuntas maniobras similares.
Además, según se determinó durante el proceso judicial, Next Car SRL no era una concesionaria oficial ni contaba con la inscripción correspondiente como representante de la marca.
Ante la falta de respuestas, la compradora inició una demanda y pidió que se embargaran las cuentas de la compañía para intentar recuperar el dinero. Sin embargo, cuando se intentó avanzar con esa medida, las cuentas ya registraban otros embargos y posteriormente la cuenta bancaria de la empresa fue cerrada.
El caso llegó al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 9 de Mar del Plata, que analizó la documentación y concluyó que la firma había intervenido en la operación generando la apariencia de ser una concesionaria, pese a no contar con esa condición.
El juez Guillermo Abel Pocatino consideró probado que la empresa recibió el dinero de la compradora y que incumplió con su obligación principal: entregar el vehículo.
Por ese motivo, la sentencia estableció una indemnización equivalente al valor actualizado de una Peugeot 5008 GT AM25, que al momento del fallo fue calculado en $70.720.000, además de los intereses correspondientes.
A esa suma se agregó una compensación de $5.000.000 por daño moral, debido a las consecuencias psicológicas que la situación generó en la víctima.
El fallo describió que la mujer sufrió recuerdos angustiosos vinculados con el episodio, reacciones disociativas y un fuerte malestar psicológico ante situaciones relacionadas con lo ocurrido. También se mencionaron síntomas físicos asociados al estrés provocado por el conflicto.
Pero la condena no terminó allí. La Justicia aplicó además una multa de $23.662.500 en concepto de daño punitivo, una sanción destinada a castigar conductas especialmente reprochables y desalentar que este tipo de prácticas vuelvan a repetirse.
De esta manera, tomando los montos establecidos en la sentencia, la reparación supera los $99 millones, sin contar los intereses que correspondan.
Durante el proceso, la mujer también había demandado a Peugeot Citroën Argentina S.A. y a la concesionaria oficial SVA SACIFI, a quienes atribuía una eventual responsabilidad relacionada con información del vehículo.
Sin embargo, la Justicia rechazó esas acusaciones y determinó que ni la automotriz ni la concesionaria habían participado de la operación ni mantenían una relación con Next Car SRL. Por ese motivo, ambas quedaron fuera de la condena.
La sentencia, firmada a comienzos de agosto, atribuyó la responsabilidad exclusivamente a la empresa que recibió el dinero y no cumplió con la entrega pactada.
