La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick. Las partes expusieron sus posiciones, aunque el magistrado no tomó ninguna decisión de fondo sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Financiamiento universitario: rectores y Gobierno expusieron sus posiciones ante la Justicia Financiamiento universitario: rectores y Gobierno expusieron sus posiciones ante la Justicia
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó este viernes un nuevo capítulo en los tribunales, donde rectores y representantes del Gobierno participaron de una audiencia convocada para analizar el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El encuentro se realizó a instancias de Martín Cormick, juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, y finalizó pasadas las 13.
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La audiencia había sido solicitada originalmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y contó con la conformidad del Gobierno nacional. El objetivo era comenzar a encontrar una salida al conflicto generado por la demora en la aplicación de distintos puntos de la norma aprobada por el Congreso.
Según fuentes que participaron de la reunión, estuvieron presentes representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Durante la jornada, cada una de las partes expuso su posición frente al magistrado. Cormick no adoptó ninguna resolución de fondo, sino que recibió los planteos y dejó constancia de lo expresado en un acta que fue firmada por los participantes.
El origen de la disputa
El conflicto se inició a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso durante 2025.
La norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero el Congreso logró insistir con el proyecto y ratificarlo en ambas cámaras, en medio de un fuerte respaldo legislativo y movilizaciones de la comunidad universitaria.
La legislación establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de la recomposición de programas destinados a estudiantes, entre ellos las becas Progresar.
Ante la falta de implementación de la ley, el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con organizaciones gremiales docentes, impulsó un amparo colectivo que terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia.
En junio, el máximo tribunal dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 vinculados con la actualización de salarios y la recomposición de programas estudiantiles.
La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y mantiene vigente la medida mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una resolución definitiva sobre el conflicto.
La decisión de la Corte se produjo semanas después de que el Gobierno y las universidades nacionales alcanzaran un acuerdo para transferir recursos al sistema universitario.
Ese entendimiento contempló un aumento del 24,33% para los salarios, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios, que alcanzarían los $50.000 millones.
Ahora, tras la audiencia convocada por el juez Cormick, las partes deberán continuar con el proceso judicial mientras permanece abierta la discusión sobre la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, detalla el portal de Todo Noticias.
