El juez Rodrigo Giménez Uriburu solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica detalles sobre las salidas de la expresidenta hacia la terraza y el alcance del sistema de monitoreo dentro del inmueble de San José 1111.
La Justicia revisará los movimientos de Cristina Kirchner dentro de San José 1111 La Justicia revisará los movimientos de Cristina Kirchner dentro de San José 1111
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de controlar el cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, ordenó este miércoles una serie de medidas para determinar con mayor precisión los movimientos de la expresidenta dentro del edificio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.
El magistrado, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2, pidió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que informe si se registraron salidas desde el departamento de Cristina Kirchner para utilizar la terraza del edificio y cuál es el nivel de precisión del dispositivo electrónico para establecer su ubicación dentro del inmueble.
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La medida también busca determinar si el sistema permite diferenciar cuándo la expresidenta permanece en su departamento, cuándo se encuentra en la terraza o si se desplaza hacia otros sectores del edificio.
Una causa que motivó el pedido de información
La decisión del tribunal surgió luego de que fueran incorporadas al expediente publicaciones periodísticas vinculadas con otra investigación judicial.
A partir de esos elementos, Giménez Uriburu solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 información sobre la causa 798/2026, en la que se encuentran bajo investigación Abel Furlán, exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM).
En ese expediente se investigan presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, relacionados con un contrato entre la UOM y USEM mediante el cual la empresa comenzó a recibir fondos provenientes de los aportes de los afiliados del sindicato.
El interés del TOF 2 está relacionado con que, según las publicaciones incorporadas al expediente, Calle habría adquirido un departamento en el primer piso de San José 1111, ubicado debajo de la unidad donde Cristina Kirchner cumple su condena.
Por ese motivo, el juez pidió conocer el objeto de la investigación, las personas imputadas y el estado actual de ese proceso. También solicitó que se remita cualquier información que pueda resultar relevante para el control de la ejecución de la pena.
Uno de los puntos centrales del requerimiento está relacionado con el alcance del sistema de monitoreo electrónico.
Giménez Uriburu solicitó a la DAPVE que informe si Cristina Kirchner registra egresos de su unidad funcional para utilizar la terraza, actividad que había sido autorizada judicialmente el 17 de septiembre de 2025.
En caso de existir registros de esos desplazamientos, el organismo deberá precisar fechas y horarios, incluso si esos movimientos no fueron individualizados en los informes mensuales enviados al tribunal.
Además, el juez busca saber si el dispositivo permite determinar la ubicación exacta de Cristina Kirchner dentro del edificio una vez que abandona su departamento.
En particular, el tribunal pretende establecer si el sistema puede distinguir si la expresidenta está en la terraza, en otro piso o en algún otro sector del inmueble.
Si el mecanismo de vigilancia solamente permite determinar que permanece dentro de un radio o zona determinada, la DAPVE deberá informar cuál es la extensión de esa cobertura y qué espacios abarca.
El pedido también contempla la posibilidad de que el radio de monitoreo alcance la vía pública o inmuebles linderos, situación que podría dificultar la identificación precisa del lugar en el que se encuentra la persona monitoreada.
La condena por la causa Vialidad
Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerada coautora del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La condena estuvo vinculada con las irregularidades investigadas en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Actualmente, la expresidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en el edificio de San José 1111, mientras la Justicia continúa supervisando las condiciones establecidas para el cumplimiento de la condena, detalla el portal de Infobae.
