Causa por el niño: el padre quedó con prisión preventiva, investigan al padrino y el viernes será clave con la Cámara Gesell

El padre del niño internado en el Hospital Garrahan continuará detenido con prisión preventiva en Las Termas de Río Hondo y la abogada de la madre adelantó que denunciará al padrino del menor, como coautor, en una presunta planificación para imponer la idea del abuso y arrancarlo de Santiago del Estero.

Fue lo más relevante ayer en la vecina ciudad, epicentro de una batalla legal entre la fiscal, Dahiana Pérez Vicens; la querellante, Nataly Montero; la representante del Ministerio Público Pupilar, Ana Silvia Gerez, y la defensa del imputado, Andrés Lizárraga.

La voz dominante partió del Ministerio Público Fiscal que señaló que los delitos enrostrados al sujeto eran "desobediencia judicial y sustracción de menor". Reconstruyó Pérez Vicens la historia del niño. El 19 de julio, el hombre arribó a Las Termas para visitar a su hijo. A los pocos días, radicó una denuncia penal por abuso sexual y acusó a cinco personas, amigos de la madre del pequeño.

Notificado de la realización de una Cámara Gesell fechada para el 24 de julio, el  hombre "no concurrió ni se hizo presente para dicha diligencia… se retiró del hotel que había fijado residencia en Las Termas", "se ocultó de la Justicia", "procedió a sustraer al menor".

La fiscal (foto) indicó que la Justicia había establecido que el centro de vida del niño era Las Termas, "previamente acordado y notificado en una audiencia de mediación realizada en los estrados civiles de nuestra ciudad".

Continuó la fiscal. El hombre "sustrajo al menor de nuestra ciudad y lo trasladó hacia la provincia de Buenos Aires, haciéndolo ingresar, más precisamente, al Hospital Garrahan, con todo este accionar, el imputado habría impedido, obstruido y ocultado no solamente la persona del menor, sino también la realización de la Cámara Gesell, diligencia de la cual se encontraba debidamente notificado".

Por el contrario, la denuncia del  padre. es que el 18 de julio fue a buscar a su hijo y que, mientras caminaban por el centro de la ciudad, el niño le confió que "un hombre lo había tomado del brazo, llevado hacia una habitación y abusado sexualmente de él".

Acto seguido, caminaron hacia el CIS Termas. En el trayecto, le había llamado la atención y observado "a una persona que se encontraba vendiendo tortillas y panes, y que el menor se había puesto muy nervioso al verla".

Puso el adulto en boca suya presuntos relatos del niño. Aludió a encuentros curiosos, dejando entrever que se refería a fiestas umbandas en la casa de su madre, su abuelo y su tía, "donde habrían participado varios hombres, obligando al menor a realizar distintos actos".

Posteriormente, el sujeto realizó una ampliación de denuncia. Esa vez dijo que mientras el menor estaba internado en el centro de salud local, en observación, ingresaron dos policías, vieron a su hijo utilizando el término "amigo". Ahondó que su hijo se puso muy nervioso y le dijo que uno de esos policías era uno de los hombres que lo abusó. Después, en el Juzgado el menor observó a otro de los supuestos abusadores, era un policía presente en la Fiscalía.

En el debate, la Fiscalía añadió que el individuo formalizó la denuncia, tuvo eco en la Justicia, e igual se fue de la provincia. Por ello, partió una orden de detención el 24 y el 25 cayó detenido en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Y lo que nutre más la trama gris de la historia fue el testimonio, en la causa, de la tía materna del menor.

Concurrió al nosocomio y fue informada por médicos y asistentes sociales de que el menor había llegado acompañado por su padre, denunciando abuso sexual.

Según revelaron fuentes judiciales, la testigo relató que acompañó a su sobrino varios días y observó que realizaba una videollamada. Verificó en el celular y encontró conversaciones con un contacto identificado como "Mario Padrino", quien sería padrino de bautismo del niño y amigo del padre.

Eran conversaciones en las que el sujeto "habría instruido al acusado sobre qué debía declarar y cómo debía actuar, recomendándole denunciar a la madre por violación, intentar obtener la tenencia del niño y evitar inicialmente involucrar al fiscal. También habría enviado contactos de la Oficina de Violencia de Género, indicándole que debía realizar denuncias allí. La testigo manifestó además que posteriormente el teléfono desapareció y que el niño ya no lo tenía", enfatizó Pérez Vicens ante el juez Diego Vittar (foto).

Para la defensa, su cliente no vulneró las leyes

Al hacer uso de la palabra, Andrés Lizárraga, cuestionó los fundamentos de la Fiscalía. Sostuvo que su cliente "no sustrajo al menor, sino que se encontraba en Las Termas cumpliendo un régimen de comunicación previamente homologado, por lo que recibió legítimamente a su hijo durante las vacaciones de invierno".

La defensa juzgó que la conducta del padre "estuvo motivada por la protección de su hijo y por el temor generado por lo que el menor le había contado". Negó la supuesta desobediencia judicial y afirmó que "no existe una notificación fehaciente de la Cámara Gesell del 24 de julio".

Lizárraga cuestionó "la prueba del teléfono celular". Señaló que el aparato secuestrado a su representado "sería el mismo que habría estado en poder de familiares de la madre y del cual se obtuvieron las capturas de pantalla de las conversaciones atribuidas a "Mario Padrino".

El abogado instó a la pericia para determinar si el teléfono fue manipulado y cuál es el verdadero origen de esas conversaciones sugestivas. En pos de la libertad de su cliente, Lizárraga pidió "el sobreseimiento total y definitivo", al considerar que el hecho no constituye delito. Subsidiariamente, la falta de mérito y libertad".

Dura, la titular del Ministerio Pupilar

Por su parte, Gerez cuestionó la conducta del defensor, "particularmente por lo que considera agravios y faltas de respeto hacia los magistrados". Aclaró que respeta al profesional y reconoce que está ejerciendo su derecho de defensa, pero sostiene que determinadas expresiones deben ser puestas en conocimiento del Colegio de Abogados".

Rechazó las referencias realizadas por medios periodísticos porteños respecto de supuestas prácticas de "macumba" o cuestiones similares, explicando que ella asumió su función judicial jurando por Dios y colocando su mano sobre la Biblia, y que sus creencias personales no pueden ser utilizadas para cuestionar la legitimidad de su actuación judicial".

Ratificó que el menor debe ser trasladado a Las Termas. Sostuvo "que la realización de las medidas vinculadas con el niño debía efectuarse dentro de la jurisdicción correspondiente, bajo la intervención de los organismos especializados que habían sido designados para ello".

Respecto de las actuaciones realizadas en Buenos Aires, la funcionaria "solicita concretamente la nulidad de todas ellas", aunque aclaró "que no se opone a incorporar el informe médico proveniente del Hospital Garrahan. Al mismo tiempo, pide que, una vez que el niño regrese a Santiago del Estero, intervenga el Hospital de Niños de la provincia, donde existen profesionales especializados en este tipo de situaciones, incluyendo psicólogos y psiquiatras. Finalmente, sostiene que mientras el menor permanezca fuera de la jurisdicción y bajo la intervención de autoridades que considera incompetentes para decidir sobre su situación, continúa afectándose su libertad y sus derechos".

El padre obstaculizó el proceso, subrayó la querellante

La abogada Nataly Montero manifestó que el padre del niño obstaculizó el proceso. Cuestionó que el detenido utilizara "un supuesto régimen de visitas para trasladar al menor fuera de la jurisdicción, mientras se encontraba en marcha una investigación penal". Solicitó "el secuestro del teléfono del menor, aclarando que no se refiere al teléfono del acusado.

Según su hipótesis, el padre habría utilizado el teléfono del niño para comunicarse con M.N., mencionado como padrino del menor". Por eso consideró que ese dispositivo podría contener conversaciones relevantes para reconstruir lo ocurrido y determinar si existió una planificación previa del traslado y de las conductas posteriores.

También dejó asentado que el teléfono se encontraría bajo el control de la abuela paterna, madre del acusado, "y considera importante asegurarlo para evitar que desaparezca o se altere la información contenida allí". "La conclusión es que la libertad del acusado permitiría que vuelva a obstaculizar la investigación, porque ya habría demostrado una vez que puede sustraer al menor de la jurisdicción, engañar a los funcionarios judiciales y dificultar la realización de medidas fundamentales".