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Una cadena de gimnasios quedó bajo la lupa por una presunta maniobra de lavado de dinero

La Justicia Federal procesó a cinco integrantes de una organización familiar y dispuso embargos por más de $8.700 millones. La investigación apunta a una presunta maniobra para ingresar al circuito legal fondos de posible origen ilícito a través de una cadena de gimnasios.

Foto- X@NAagencia

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01/09/2026 21:26 País
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La Justicia Federal de Resistencia procesó y dictó prisión preventiva para cinco personas acusadas de realizar maniobras de lavado de activos mediante una cadena de gimnasios que opera en Chaco y Corrientes. Además, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó embargos sobre los bienes de los imputados por un monto total que supera los $8.700 millones.

La resolución fue dictada en el marco de una investigación encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia.

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De acuerdo con la decisión judicial, cuatro de los acusados quedaron procesados como presuntos coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad, mientras que el quinto fue señalado como partícipe necesario. En este último caso, la prisión preventiva se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La causa tiene como particularidad que la mayoría de los involucrados pertenece a un mismo núcleo familiar. Entre los procesados se encuentran dos hermanos, la madre de ambos y la pareja de ella. El quinto acusado sería un socio relacionado con la actividad comercial que quedó bajo la lupa de la Justicia.

La investigación busca determinar si mediante distintas sociedades comerciales se incorporaron al sistema financiero y económico formal bienes y fondos que podrían tener un origen delictivo. Según la hipótesis judicial, las estructuras empresariales habrían servido para dar apariencia legal a esos recursos.

Como parte de las medidas patrimoniales, la jueza estableció un embargo de $5.820.687.000 sobre los bienes de los cuatro imputados considerados coautores. En el caso del acusado señalado como partícipe necesario, el embargo asciende a $2.910.343.500.

La investigación tuvo un fuerte despliegue operativo el pasado 7 de agosto, cuando se realizaron 18 allanamientos en distintos puntos. Los procedimientos alcanzaron establecimientos de la cadena de gimnasios Exen, viviendas particulares, concesionarios de automóviles, escribanías y estudios contables relacionados con los sospechosos y las sociedades investigadas.

El origen de la causa se encuentra en la información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido dentro de otra investigación relacionada con una organización dedicada al narcotráfico. Ese testimonio permitió poner el foco sobre el grupo familiar y su presunta vinculación con movimientos de dinero que debían ser investigados.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la velocidad con la que creció la cadena de gimnasios. En aproximadamente 17 meses, Exen inauguró seis establecimientos en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en la provincia de Chaco, y avanzó además con la instalación de una séptima sede en la ciudad de Corrientes.

El emprendimiento funcionaba a través de cuatro sociedades comerciales cuyos integrantes y administradores tenían diferentes vínculos entre sí y quedaron incluidos en la investigación judicial.

La resolución judicial aclaró que los gimnasios no eran negocios ficticios. Las sedes tenían clientes, trabajadores, facturación y una actividad comercial efectiva. Sin embargo, para la Justicia, esa situación no alcanza para descartar la hipótesis de lavado, ya que una empresa que funciona legalmente también puede ser utilizada para introducir en el circuito formal recursos cuyo origen no puede ser justificado.

En ese sentido, uno de los puntos que todavía intenta esclarecer la investigación es la procedencia de parte del dinero utilizado para la expansión de la cadena. Entre los bienes analizados aparece el equipamiento deportivo de las distintas sucursales, cuyo valor fue estimado en alrededor de 1,8 millones de dólares.

También se encuentran bajo análisis las obras y las instalaciones realizadas en los diferentes establecimientos, debido a que los investigadores no lograron reconstruir de manera completa la trazabilidad económica de todos los recursos utilizados.

La jueza Niremperger consideró además que, en esta etapa de la causa, existen elementos suficientes para sostener el agravante de habitualidad, a partir de una sucesión de movimientos y operaciones patrimoniales registrados desde la segunda mitad de 2024 y durante 2025 y 2026.

La magistrada, no obstante, también resolvió la situación de otras personas que habían sido involucradas inicialmente en el expediente. En dos casos dictó la falta de mérito y, respecto de una de ellas, dispuso su inmediata liberación debido a que permanecía detenida.

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