Al concederle la libertad, también la jueza Morán le fijó una perimetral de 600 metros. Viola la medida y adiós a la libertad.
Otorgan cese de prisión a policía, pero cambiará de ciudad por "abuso" a su expareja Otorgan cese de prisión a policía, pero cambiará de ciudad por "abuso" a su expareja
Un funcionario policial recuperó la libertad ayer, casi 2 años años después de ser acusado de agredir y abusar de su expareja cerca de Ojo de Agua, pero la Justicia le fijó duras reglas de conducta: perimetral de 600 metros, mudarse a Sumampa, y no abandonar la provincia, las más contundentes.
El proceso es ventilado en contra de O.G, a quien la fiscal, Andrea Juárez, le atribuye cargos por "abuso sexual con acceso carnal, amenazas coactivas y lesiones leves en concurso real", en perjuicio de una expareja.
Según la investigación, en diciembre de 2024 el efectivo habría interceptado a la joven en cercanías de Ojo de Agua. La habría obligado subir a su camioneta, la condujo a un paraje apartado, la golpeó y la abusó sexualmente.
Antes, la joven lo acusó de hostigarla con sms de whatsapp y de haberla conducido un día ala Capital y mantenerla prácticamente raptada.
Procedimiento
Cayó preso ese mismo mes y desde entonces fueron vanos todos los esfuerzos de libertad. Le fue dictada la preventiva y confirmada por la Cámara de Apelaciones, dentro de un proceso que incluye al querellante, Felipe Villalba.
Ahora, las partes acudieron a audiencia, ya que la defensa, a cargo de Juan José Saín, instó al cese de prisión, por entender que expiraron los plazos para ampliar su detención.
Después de un intenso debate, con oposición de la Fiscalía y la querella, la jueza de Género, Norma Morán, otorgó la libertad, pero sin facilitarle nada: O.G. fijará residencia en Sumampa, rige una perimetral de 600 metros respecto de la víctima, familiares y testigos y no puede ausentarse de la provincia bajo ningún concepto.
Superior Tribunal
Vale subrayar que la perimetral regirá hasta la concreción del juicio, hoy sin fecha, ya que la defensa apeló el intento de clausura y elevación a juicio, cuyo tratamiento recayó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Es decir, ahora las máximas autoridades judiciales develarán si el cierre del proceso es materializado bajo las condiciones delineadas por la Fiscalía, o sujeto también al criterio de la defensa.
