La medida tendrá una duración de 60 días y permitirá reforzar los operativos de seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. También establece restricciones sobre algunos derechos constitucionales y controles especiales en cárceles.
Perú declara el estado de emergencia por la delincuencia Perú declara el estado de emergencia por la delincuencia
El Gobierno de Perú dispuso el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, ubicados en la región de Ica, como parte de una estrategia para reforzar la lucha contra la delincuencia y contener los hechos de violencia.
La medida contempla la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, que continuará siendo la responsable de garantizar el orden público durante el período de excepción.
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Entre las disposiciones establecidas se encuentra la restricción temporal de cuatro derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Además, los acontecimientos que impliquen grandes concentraciones de personas deberán contar con autorización de las autoridades.
La decisión se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno peruano en diferentes puntos del país. En las regiones de Tumbes y La Libertad también fueron implementadas disposiciones similares en determinadas provincias y zonas consideradas estratégicas.
A su vez, continúa vigente el estado de emergencia en Lima y Callao, donde las fuerzas de seguridad llevan adelante operativos destinados a combatir organizaciones y actividades vinculadas con la delincuencia.
El paquete de medidas también incluye acciones dentro de los establecimientos penitenciarios. Las autoridades prevén reforzar la vigilancia con participación de personal militar, además de implementar controles sobre los agentes responsables de la custodia.
Entre las iniciativas anunciadas figura la realización de pruebas de polígrafo al personal penitenciario, mientras que también se buscará eliminar antenas instaladas de manera ilegal.
Otro de los objetivos es incorporar sistemas de bloqueo de señales electrónicas en las cárceles, con el propósito de evitar que integrantes de organizaciones criminales puedan utilizar teléfonos u otros dispositivos para mantener comunicaciones desde el interior de los penales.
